La emergencia había logrado sortear escollos complicados. Primero fue el decreto de su creación, cuestionado por legisladores de la oposición que pedían que fuera tratado en el ámbito parlamentario. La situación no pasó de una discusión mediática, y el decreto prosperó. Después se incorporó en el paquete a la Policía Local, que había sido planchada en el Senado. El proyecto no fue similar al discutido en la Cámara Alta, pero, de todas maneras, le significó al gobernador Daniel Scioli una victoria en la pulseada que mantenía con el massismo. Ambos buscaban la potestad sobre el nuevo cuerpo policial, que se suponía iba a ser comandado por los intendentes. 

El tiempo pasó y la emergencia comenzó a florecer en cifras, que daban cuenta de un dato muy efectivo. En esos tres meses (fue autorizada por decreto el 5 de abril) se habían realizado más detenciones que en el mismo trimestre del año pasado, y superiores a las observadas a comienzos de año. Al ministro de Seguridad, Alejandro Granados, artífice del plan de emergencia, se lo veía satisfecho con los resultados. En plena campaña electoral, con un jefe envalentonado en su candidatura presidencial, la estrategia en seguridad es clave. Sin embargo, comienzan a observarse algunas fisuras. 

Días atrás la Justicia impuso la primera objeción al plan Granados. El ministro había determinado habilitar un poco menos de doscientos calabozos de las comisarías de la Provincia, que habían sido cerrados por la Justicia en 2011 y 2012, por considerar que no estaban en condiciones edilicias de albergar detenidos.

“La inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado en forma negativa respecto de las condiciones de alojamiento de detenidos en los lugares que se encuentran actualmente habilitados”, indicó el ministro en los fundamentos de su decisión, que se incorporó de inmediato a la emergencia. Para Granados, el apuro por solucionar los problemas de seguridad hacían prioritaria la reapertura de estas celdas.

“Por razones de celeridad, y mientras se gestionan los cupos pertinentes dentro del sistema penitenciario, resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales”, remarcó en sus considerandos. Y aclaró que para reutilizar estos calabozos “se deberán realizar tareas de reacondicionamiento necesarias para la adecuada protección de los derechos de los alojados”.

Sin embargo, nada de esto parece haber sucedido. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata hizo lugar a los tres habeas corpus presentados por el Defensor General, Omar Ozafraín; por la secretaria de Ejecución Penal, Fabiana Ripani; y por el fiscal, Marcelo Romero. En los dos primeros casos los planteos apuntaban exclusivamente a las inadecuadas condiciones de alojamiento de las celdas. En el tercero, el fiscal Romero sumó el tema de la seguridad, ya que relató, a partir de un hecho concreto sucedido en una comisaría de La Plata, que muchas de estas dependencias no fueron reparadas, ni mantenidas, por lo que resulta sencillo o, en todo caso, no imposible, para cualquier detenido escaparse si lo desea. El tribunal (integrado por los jueces Samuel Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Jorge Moya Panisello) decidió entonces prohibir el alojamiento de los detenidos en las comisarías de la departamental La Plata (que incluye Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio, General Paz, Monte, Saladillo, Lobos, Roque Pérez, San Vicente, Presidente Perón y Cañuelas). A partir de esta instancia queda abierta la posibilidad de que el mismo planteo se reproduzca en otras departamentales. 

Conocida la noticia, en el Ejecutivo la reacción inmediata fue aceptar la medida de la Justicia, sin emitir más palabras que las de conveniencia. “No vamos a objetar el fallo de la Justicia”, indicaron. Y luego, silencio sciolista, que es la prudencia llevada al máximo extremo. Pero lo que no se dijo en público se rumoreó en privado. 

Algunos mencionan que no es casual que sea un sector de la Justicia, ligado a la Procuradora General, María del Carmen Falbo, el que haga estas presentaciones. Señalan que la zancadilla no busca el pie del gobernador, sino del ministro Granados. También indican que el titular de Justicia, Ricardo Casal (que fue reemplazado en su cargo por Granados), miró con atención el fallo. Desde esta cartera afirman que el tema “corresponde a Seguridad”, y prefieren mantenerse al margen de cualquier polémica. A comienzos de año, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Scioli había mostrado como logro que “redujimos drásticamente y al mínimo el número de detenidos en comisarías”. 

Las palabras estaban ligadas a la decisión que en 2011 tomó el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que ordenó el cierre definitivo de los calabozos. Era otra coyuntura política, en la que organismos de Derechos Humanos, como la Comisión por la Memoria y el Cels, presionaban por el desalojo de estas dependencias. 

Con las cárceles superadas en su capacidad (según las últimas cifras oficiales), la lenta proyección de nuevas alcaidías y el aumento de las detenciones por la emergencia, resta esperar a ver si el Gobernador, en plan presidencial, logra revertir en el corto plazo esta candente situación.