A tres años del acuartelamiento policial y los saqueos, no hay condenados

Se cumplen tres años del auto acuartelamiento policial y los saqueos en Mar del Plata. Aquellas angustiantes horas del 8 y 9 de diciembre del 2013 no cuentan con ningún condenado por la Justicia, sólo sobreseimientos, absoluciones y causas que no perduraron.

 

La última causa vinculada a los ataques recibidos en comercios del centro y la periferia ocurrió a comienzos de octubre, cuando los jueces que componen el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 decidieron absolver a los doce imputados por los saqueos ocurridos en diciembre de 2013 al considerar que la investigación resultaba “incosistente” debido a la ausencia de elementos probatorios que permitan el juzgamiento pertinente de las personas involucradas en el caso. Esa medida no fue apelada por la Fiscalía General.

Al respecto, el fiscal Gastón De Marco, a cargo de esa investigación y del resto de las causas donde se averiguaron los desmanes, habló con El Marplatense: “Han pasado tres años de este hecho lamentable, en la que gran parte de la población, aprovechando el acuartelamiento policial, procedió a salir a la calle y saquear comercios de diversa índole. Lo llamativo es, sinceramente, el hecho que la gran cantidad de personas que fueron imputadas no tenían antecedentes penales y que aprovecharon la situación para realizar estos saqueos”.

“Tuvimos aproximadamente 10 causas, ocho de ellas terminaron con suspensión de juicio a prueba, ya que, en su mayoría, no tenían antecedentes”, indicó y añadió: “Tuvimos dos causas donde había 15 personas. Uno fue cometido en un supermercado chino, donde no se pudo acreditar la autoría de las personas aprehendidas”.

A su vez, expresó que “en el último juicio, por los saqueos a una feria comunitaria, fueron absueltos por el tribunal porque no se pudo acreditar la autoría. Cuatro policías no estaban en condiciones de aprehender a 15 personas, convocar a un testigo, entre otros requisitos en un operativo habitual. Eso determinó que estas personas terminaran absueltas. Desde la fiscalía estábamos convencidos que participaron activamente en los saqueos en la feria”.

En tanto, dijo que, por la actitud policial de acuartelarse en las comisarías ante la falta de avances en la discusión salarial y en las mejores condiciones de trabajo, “se dio cuenta a la Fiscalía Federal, se habían iniciado actuaciones por el delito de Sedición. Por la información que tuvimos, no hubo policías detenidos”.

 

Por otra parte, el fiscal remarcó que “de los videos que analizamos, la necesidad no estaba en la prioridad de estos sujetos. Todos vimos por televisión los saqueos en casas de electrodomésticos, robando televisores, microondas, entre otros productos. Se generó una gran cantidad de daños, quemando locales. Se han llevado alcohol y han destruido la totalidad de los establecimientos”.

Consultado sobre el diálogo que mantuvo con los damnificados, respondió: “Tuvimos posibilidades de entrevistarnos desde el 2013 con los comerciantes. Las declaraciones llevaban mucho dolor e indignación por parte de la ausencia del Estado”. “Desde que soy fiscal y cuando ejercí la tarea de abogado, nunca había visto de tamaña magnitud”, aseguró De Marco, quien agregó que ninguno de los acusados “no manifestó ningún tipo de arrepentimiento y negaron su autoría en los saqueos”.

“Las calles estaban tomadas por esta gente”, recordó el investigador, quien continuó: “Si bien se podían aprehender a estas personas, después resultaba difícil acreditar los elementos sustraídos, de dónde estaban saliendo y cuál era la actividad que estaban participando”.

“En esa época no había tantas cámaras de seguridad como en la actualidad, esa tecnología nos hubiera permitido escalecer los hechos que teníamos nosotros. Ese día se conformó un comité de crisis en la Fiscalía General. Se trataba de ver la posibilidad de prevenir algún tipo de saqueo en algún lugar en particular”, subrayó haciendo memoria de los hechos que conmocionaron a la ciudad y el país.

Para De Marco, “fue un hecho que no había forma de prevenir porque, precisamente, la institución que estaba a cargo de la prevención fue la que generó que estos hechos sucederían”.

“Estamos preparados para este tipo de contingencias, trabajamos con lo que nos trae el personal policial. Si no se puede acreditar los elementos que se sustrajeron, es muy difícil para la fiscalía identificar la autoría de esos hechos”, concluyó.

24 HORAS OSCURAS EN MAR DEL PLATA

El acuartelamiento comenzó en horas de la mañana en Parque Camet. En esa oportunidad, efectivos del Cuartel de Caballería ya habían alertado acerca de la inminente medida de fuerza que se iba a extender. Observar a una importante cantidad de uniformados con los caballos, en señal de protesta, ya era el aviso a una situación que, posteriormente, se iba a descontrolar.

Ante aquel episodio, el por aquel entonces jefe Departamental, Darío Ibañez, había asegurado que era “imposible” cualquier retención de tareas por parte de los oficiales. Sin embargo, los dichos del titular de la policía de Mar del Plata, quien días después fue relegado de su cargo y con varias causas en su contra, quedaron sin sustento ante una medida que iba tomando fuerza en cada una de las comisarías y dependencias de las fuerza.

Cerca de las 20, los policías se concentraban en el interior de sus comisarías. Esa actitud derivó en el consiguiente paro de actividades. La protesta se inició desde las bases de cada barrio de la ciudad pero con el epicentro en la Comisaría Primera, donde se cortó la avenida Independencia, con decenas de patrulleros y vehículos particulares.

En ese entonces, algunos policías, de escasa trayectoria de servicio, mostraban que su salario básico era de 1800 pesos, y que sumando los distintos factores que completan el salario total en mano, llegaba a tan solo 5 mil pesos.

Bocinazos, carteles, cánticos y momentos de tensión entre propios oficiales, eran moneda corriente en pleno centro de Mar del Plata. Mientras oscurecía, los rumores de saqueos en comercios comenzaban a crecer con celeridad.

Los llamados al 911 fueron constantes, aunque muchos de ellos resultaron ser falsas alarmas. Los saqueos comenzaron cerca de la medianoche, cuando grupos, que no superaban las 15 integrantes, violentaron los accesos a los negocios de indumentaria y calzado deportivo de la Peatonal, donde se llevaron toda su mercadería. Inclusive, en pocos minutos, tuvieron tiempo para realizar boquetes e ingresar a comercios linderos. En las imágenes suministradas en ese momento, se observaba cómo había personas que se llevaban zapatillas, remeras, camisetas, shorts o hasta pelotas, en señal que el accionar no correspondía, exclusivamente, a una necesidad, sino al aprovechamiento de una circunstancia extraordinaria.

La presencia policial fue prácticamente nula. “Había un policía para toda la peatonal”, subrayó el encargado de uno de los locales saqueados, quien había precisado el robo de 100 mil pesos correspondiente a sus productos.

Simultáneamente, hubo saqueos en la periferia, esencialmente en la Feria Comunitaria de Fortunato de La Plaza al 4700, donde diversos comercios fueron destruidos.

El planteo policial era un sueldo cercano a los 12 mil pesos y mejores condiciones de trabajo. Ante la negativa del Gobierno bonaerense, las medidas se acrecentaron durante la mañana del lunes 9.

Tras una madrugada de tensión máxima, con cuidados extremos en cada una de las casas ante las noticias que, minuto a minuto, reflejaban cómo el accionar vandálico quedaba impune ante la falta de control, las protestas policiales en la Comisaría Primero se aumentaron en número y en sus metodologías.

 

A la medianoche y también a la mañana temprano de ese lunes, el intendente Gustavo Pulti había recomendado a los comerciantes que cierren sus puertas para prevenir nuevos saqueos. Le hicieron caso las principales cadenas de supermercados y locales de importancia en el centro, aunque los más chicos, optaron por abrir en su mayoría.

Pasado el mediodía, el gobernador bonaernese Daniel Scioli había determinado que el salario básico de un policía sea de 8750 pesos. Fue una medida que no fue considerada por los efectivos, quienes mantenían sus requerimientos para volver a la actividad.

Mientras tanto, al mediodía volvieron a protagonizarse distintos saqueos, algunos prosperando y otros no, como en el caso de dos mayoristas, donde intervinieron prefectos.

Durante la tarde, se esperaba la llegada del Jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, quien arribó al aeropuerto de Mar del Plata, luego de las 16:00. A las 17:15, se hizo presente ante el reclamo unánime de los policías, quienes lo insultaron y presionaron por intermedio de cánticos. Y comenzó la larga espera. Matzkin se reunió con el Jefe Departamental, Darío Ibáñez y otras autoridades jerárquicas.

En tres horas de reunión, salieron a hablar con los oficiales dos veces. La propuesta prácticamente no cambió. El salario básico fue inamovible aunque con la insistencia de los trabajadores, quienes enfatizaron su malestar, lo que se consiguió fue que determinaran no sancionar a nadie ante esta medida de fuerza, y además, garantizar 500 pesos de aumento para enero de 2014 y debatir en paritarias a partir de febrero.

Si bien se mejoró en varios puntos, fue la primera vez que los policías presentes se dividieron en dos sectores: Quienes apoyaron la oferta provincial y quienes se mantuvieron en contra.

Esas discusiones fueron cada vez más importantes e inclusive originaron peleas a golpe de puño que finalmente no pasaron  a mayores.

Minutos más tarde de las 21, se avaló la propuesta de Scioli y los oficiales se subieron a atender las urgencias del 911 y de otros números que dispuso el Municipio como el 103. A los periodistas y vecinos del centro les sorprendió ver cómo policías se subían parados a camionetas con escopetas y otras armas, dispuestos a luchar contra los vándalos, de maneras que lejos están del accionar común de un agente de seguridad.

Las horas pasaron y la tensión no bajó. Debieron pasar varios días para retomar la normalidad en Mar del Plata y en creer que la ola delictiva había cesado. El resto del debate se centró en cómo el Estado podía llegar a resarcir a aquellos comerciantes que habían sufrido graves destrozos.

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