Se trató de una reunión preparatoria de la que el lunes 9 de junio tendrán los diez mandatarios de provincias petroleras con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien decidió convocarlos luego de un sinnúmero de roces ocasionados en los últimos meses entre el Gobierno nacional y los Estados sub-nacionales en torno al desarrollo del negocio hidrocarburífero en la Argentina.

Este cónclave fue confirmado por la dirección de Prensa de Mendoza luego del encuentro de De Vido y Pérez, del que sólo trascendió que el gobernador mendocino expuso su malestar por la decisión de YPF de no presentarse a la licitación de nuevas áreas petroleras en el sur mendocino a la que convocó la flamante empresa de energía provincial, Emesa.

El polémico "acarreo"

Este diario pudo confirmar que la oposición del CEO de YPF, Miguel Galuccio, a que las empresas provinciales de energía llamen a licitaciones y cobren un "acarreo" a las firmas del rubro que busquen explotar nuevas áreas, fue escuchada por la Presidenta y que por ello la jefa de Estado decidió llamar a los mandatarios provinciales para comenzar a discutir una nueva legislación nacional que ordene el negocio petrolero con vistas a obtener inversiones que ayuden a desarrollar el potencial que hay en las reservas de combustibles no convencionales como las de Vaca Muerta.

El "acarreo" es un sistema que permite a las provincias participar de la exploración y explotación que hacen otras firmas, en un porcentaje del 10 o el 20%, sin poner dinero ya que a través de sus empresas de energía actúan como poder concedente. Según Galuccio, esta intermediación perjudica la llegada de inversiones.

Otros temas pendientes entre la Nación, YPF y las provincias no serían parte del temario, como la forma en que los Estados sub-nacionales deberían pagar, en un futuro mediato, el porcentaje de acciones que recibirán tras el pago hecho por el Tesoro, de 5.000 millones de dólares, a Repsol en concepto de indemnización.

"Nuestra posición va a ser defender la potestad de Mendoza y las provincias que, a través de la Constitución de 1994 y de la Ley Corta de 2006, pasaron a ser dueñas de sus recursos naturales", advirtió un funcionario del gobierno de Pérez.

Otra voz "paquista" recalcó: "Las provincias no vamos a resignar potestades así como así. Nosotros creemos que se debe armonizar un modelo de negocio en el cual las provincias, a través de sus empresas de energía, YPF y el Estado nacional, puedan sacar ventajas sin inconvenientes".

Desde YPF se dejó saber que la reunión del lunes 9 de junio será el inicio de un debate que el propio Galuccio calificó la semana pasada como "incómodo" pero "que hay que dar".

"Hoy una empresa que se presenta a una licitación paga un canon a las provincias, paga regalías y además tiene que destinar un porcentaje en concepto de 'acarreo'. Todo esto es desalentador de inversiones reales porque en un pozo de mediana producción se lleva casi el 70% de la renta", explicó una voz cercana a Galuccio.

La semana pasada, el CEO sostuvo: "Pienso que el 'acarreo' es un sistema regresivo. Cargar a un proyecto en el que tenés que invertir U$S 15.000 millones, un 15 a 20% de ?acarreo' y después decime cómo te va en lo económico, sobre todo en la producción que hoy tenemos en Vaca Muerta. Creo que la discusión puede ser incómoda pero hay que darla".

La puja de Galuccio y Pérez en torno al modelo de negocio que planteó Emesa, con un ?acarreo' de 10%, habría sido determinante para que la Presidenta decidiera convocar a los mandatarios petroleros.

Este esquema de negocio, defendido por Mendoza y otras administraciones provinciales, podría ser suprimido por una norma legal, especulan algunos analistas. Algunas voces de la Casa Rosada pretenden que la discusión sea mucho más amplia y se discuta una nueva Ley de Hidrocarburos pero sin afectar las potestades de las Provincias otorgadas por la Constitución y la Ley Corta.

Operativo seducción

Lo cierto es que Galuccio y la Nación ya lograron "ablandar" a los gobernadores petroleros que más resistencia tenían a abrir este debate.

La semana pasada, el mandatario neuquino Jorge Sapag, quien visitó Vaca Muerta junto al subsecretario de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman, y el CEO de YPF, anticiparon que junto al resto de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) trabajan en una legislación homogénea a nivel nacional "para tener reglas claras, precisas y transparentes sobre la producción hidrocarburífera en todas las provincias. En el marco de la Constitución de 1994, la ley de Hidrocarburos y la Ley Corta, buscamos llenar los vacíos legales de este nuevo desafío".

Otro mandatario que se mostró menos resistente ante el operativo de seducción de YPF y de la Nación para modificar la legislación nacional fue el santacruceño Daniel Peralta, quien estuvo con Pérez ayer reunido con De Vido y luego firmó un acuerdo con Galuccio en la sede de YPF por el cual la petrolera aceptó un aumento dispuesto por la Legislatura de Santa Cruz en concepto de Ingresos Brutos, lo que significará, a las alicaídas arcas de Peralta, 100 millones de pesos extra.