El escrito, presentado en Mesa de Entrada de la Legislatura, se centró en los cuestionamientos sobre la conducta de los magistrados pero no sobre el fallo absolutorio de fondo que será motivo de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, un trámite que se llevará a cabo a partir de febrero de 2013.

"Pedimos la destitución de los tres jueces por las irregularidades cometidas durante los diez meses y medio de audiencias, por todas las violaciones que se cometieron al Código Penal y a otros tipos de normativas", sostuvo el querellante D'Antona.

Los letrados dejaron un expediente de alrededor de un centenar de folios con extractos del acta de las audiencias, denuncias sobre el maltrato que, afirman, sufrieron las testigos de identidad reservada, las presentaciones efectuadas durante el proceso por supuestos errores en el trámite y copias de distintas declaraciones periodísticas.

D' Antona remarcó que los jueces "no le creyeron a las víctimas (que declararon durante el juicio), para ellos eran putas que estaban ahí (en los burdeles riojanos) porque querían".

Asimismo, en declaraciones radiales, repudió que el tribunal tampoco tomara en cuenta que "una de las imputadas amenazara en plena audiencia a una de las testigos que estaba declarando; otro amenazó tres veces durante diez meses a uno de mis colegas, (Carlos) Garmendia; a las ocho víctimas-testigo se las maltrató, se permitieron interrogatorios vejatorios. El tribunal no hizo nada", detalló.

Seguidamente, el abogado consultado aseveró que "es una guarangada jurídica lo que hicieron estos jueces. Han mentido descaradamente y el presidente del tribunal (Piedrabuena) tuvo el tupé de decir que para él este juicio va a quedar impune".

D´Antona aclaró que, por un lado, llevarán a cabo el juicio político a los tres jueces, y por otro lado, a través de una instancia superior, que es la Corte Suprema, pedirán, los primeros días de febrero, el recurso de Casación que "apunta a que se revise la sentencia, se declare nula y se declare culpable a las 13 personas que estos supuestos jueces han declarado inocentes", apuntó.

Una de las primeras imputaciones realizadas por Trimarco (quien ayer no se hizo presente en el Parlamento local) minutos posteriores a conocerse la sentencia en cuestión, estuvo vinculada con la afirmación de que los jueces, a los que calificó de "corruptos", habrían sido sobornados para dictaminar las absoluciones.

Al respecto, el abogado de la presidenta de la Fundación María de los Ángeles indicó que "a Susana le llegaron varios mensajes y una carta que decían explícitamente que no tuviera esperanza con el juicio de su hija porque estaba todo arreglado y que esta gente iba a quedar toda en libertad. Entonces se contactó con el presidente del Tribunal pero él le negó todo y por las dudas también hizo la denuncia para que quedara en manos de la Justicia. Pero a los 13 meses terminó siendo tal cual como le habían dicho en ese mensaje. Si a eso le sumamos la cantidad de irregularidades y violaciones al Código Penal y a las leyes internacionales que han habido y la posposición de la lectura de la sentencia, todo da a suponer que es verdad", postuló.

En tanto, añadió, en razón del estado de ánimo en el que se encuentra Trimarco, que "Susana está entera y fortalecida porque está acostumbrada a las penurias. Está con la templanza de siempre y con más fuerza que antes", añadió.

Por su parte, el gobernador José Alperovich hizo alusión al encuentro que mantuvo en su despacho el miércoles con la precandidata a obtener el Premio Nóbel de la Paz, al reiterar que brindará todo el respaldo de su gobierno ante a los reclamos de Justicia por el secuestro y sometimiento a la prostitución de su hija.

"Ella está haciendo un gran trabajo sobre la trata de personas. Me pidió ayuda para algunas chicas, con soluciones habitacionales y un comedor comunitario. Estamos tratando de hacer lo mejor para Tucumán; va a llevar tiempo, pero lo vamos a hacer con mucha seriedad, como siempre", afirmó el mandatario en rueda de prensa.

Vale señalar que entre uno de los tantos reclamos efectuados por Trimarco a la gestión alperovista estuvo el de separar de su cargo al entones ministro de Seguridad, Mario López Herrera, petición que le fuera concedida por Alperovich y ubicó en tal cargo a Jorge Gassenbauer.

Sin embargo, fue el propio gobernador quien confirmó que López Herrera no abandonó la órbita gubernamental ya que se desempañará como funcionario en la Fiscalía de Estado de la Provincia.

El proceso a seguir para la destitución

La presentación llevada a cabo por los abogados de Trimarco será analizada en la comisión de Juicio Político de la Legislatura, donde el oficialismo tiene amplia mayoría, ya que la integran 11 peronistas y el único opositor es Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana.

Si los legisladores consideran que la denuncia tiene fundamento (se necesitan los dos tercios de los votos), la girará al Jurado de Enjuiciamiento, conformado por cinco legisladores (Marcelo Caponio, Alejandra Cejas, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alberto Colombres Garmendia), un representante del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, Fiscal de Estado), otro del Colegio de Abogados (Sebastián Herrera Prieto) y uno más de la Corte (Daniel Posse).

Justamente, este último debió renunciar a la presidencia del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para poder integrar el Jury, ya que, constitucionalmente, ambos cargos son incompatibles. Por tal motivo, en su lugar asumirá la otra vocal del Máximo Tribunal, Claudia Sbdar, quien tendrá mandato hasta octubre de 2013.