El Gobierno aumentó de 28 pesos a 300 las pensiones graciables provinciales. El monto de estos beneficios no se actualizaba desde la sanción de su norma creadora en 1985, durante el gobierno de Pocho Romero Feris. Desde el Estado provincial resaltaron que se trata de un incremento del 1.000 por ciento, pero días atrás los diputados oficialistas habían exigido que antes se envíe a Comisión de Hacienda para analizar el "efecto" que provocaría en las finanzas provinciales. Algunos hasta acusaron a esta subvención de contribuir a "una política improductiva".
Los que perciben la subvención son los que no se encuentran amparados por un régimen de previsión ni cuentan con recursos necesarios para su subsistencia. Y esta medida del Estado provincial representa una inversión de cien mil pesos mensuales.
Este dato fue "vital" en la última sesión de Diputados, la semana pasada porque ayer no hubo por el finde largo. Allí, los legisladores afines a Ricardo pusieron el grito en el cielo cuando los justicialistas recomendaron elevar la suma de "$28" para los indigentes.
Por ello, varios ceños se vieron fruncidos en los rostros de los diputados opositores al conocer la noticia del incremento, y más aun cuando observaron al secretario de Desarrollo Humano, Raúl Martínez destacando el incremento porcentual que representa la medida (1.000%).
Este malestar en los legisladores, que una semana antes habían recibido un reto de sus pares oficialistas por proponer el aumento, también se trasladó a aquellos ciudadanos que presenciaron el debate que hasta fue catalogado por algunos diputados de "vergonzoso".
Mary Mansutti y Cuto Badaracco tomaron la palabra la semana última exigiendo que se actualicen los montos pero desde el oficialismo cantaron "retruco". Algunos, como el "Colorado" Aguirre hasta se animaron a achacar a las pensiones graciables comparándolas con "una política de clientelismo, improductiva". Otros, también afines al Gobierno, habían recomendad realizar un exhaustivo análisis de cómo afectaría a las finanzas aumentar los 28 pesos a 300 personas desamparadas.
Sin embargo, esta postura oficial viró 360º, por lo menos desde el Ejecutivo provincial, quedando en falsa escuadra el discurso de sus legisladores.
Así, y pese a la contradicción de posturas, el Gobierno buscará ir incrementando paulatinamente los beneficios, siempre de modo responsable
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