Por

Eugenia Rodríguez

La caída del consumo se siente en supermercados, comercios y fábricas, pero hay otro impacto menos visible y más brutal: el de quienes dependen de lo que gastan otros trabajadores para poder sobrevivir. Cartoneros, feriantes, costureras, repartidores, cocineras comunitarias y cooperativistas enfrentan una crisis doble: mientras los ingresos se derrumban y el trabajo escasea, también desaparecen las changas, las ventas y hasta el cartón en la calle. En la Argentina de Javier Milei, el ajuste no solo vacía bolsillos, también deja sin sustento a quienes viven de una economía cada vez más rota.

Mientras la Justicia convalidó una reforma laboral rechazada por amplios sectores sindicales y sociales, las urgencias cotidianas parecen ir por otro lado. Lejos de los discursos oficiales sobre recuperación económica, crece la cantidad de trabajadores que apenas logra garantizar una comida al día, que revuelve basura buscando algo para llevar a la mesa, que encadena jornadas de 12 o 14 horas en condiciones precarias y que sostiene ollas populares casi vacías para contener a vecinos que también se quedaron sin nada.

Las estadísticas reflejan la caída del consumo, pero no alcanzan a mostrar lo que ocurre detrás de cada persiana baja o cada changa perdida. Son las voces de estos trabajadores las que mejor retratan el presente: “Esperamos que en algún momento futuro cambie algo y podamos volver, por lo menos, a comer cuatro comidas en nuestras casas y a disfrutar un poco más en familia”, dijo a El Destape Jonatan Castillo, cartonero de Avellaneda. En esa mezcla de dolor, cansancio y esperanza se resume la experiencia de miles de familias que hoy sobreviven en los márgenes.

En muchos casos, la salida fue multiplicar trabajos, extender jornadas o apoyarse en redes comunitarias para sostener lo básico. Sin embargo, también ello empieza a resultar insuficiente en un contexto donde el deterioro del poder adquisitivo golpea en cadena: si los trabajadores consumen menos, quienes viven de venderles, reciclarles, cocinarles o repartirles también se hunden.

El consumo que desaparece

El consumo masivo se contrajo 5,1% interanual en marzo, según el último dato relevado por la consultora Scentia. La contracción –tercera consecutiva- se sintió en todos los canales de venta (supermercados, autoservicios, kioscos) siendo la de mayor cuantía desde enero de 2025. En este escenario, hay cientos en familias que suelen quedar lejos de las estadísticas oficiales pero que son quienes más pagan el costo del modelo económico de La Libertad Avanza (LLA), ya que sufren el golpe directo de la crisis de consumo de la mayor parte de la sociedad. 

“Volvimos a estar como en el 2001, otra vez sacando de la basura y buscando algo de comer”, así describió la situación actual Jonatan Castillo, cartonero de Avellaneda. “Venimos sufriendo la baja de la materia prima como el cartón, papel y distintos materiales con los que trabajamos revolviendo en la calle y en plantas de reciclado. Nos empezaron a bajar el precio, cayó un 50% el insumo, pero la canasta básica sigue aumentando”, describió. 

La situación combina la paralización de la producción industrial en general y de la industria papelera en particular, la apertura desregulada de las importaciones que hace que la industria recicladora sustituya materia prima local por importada, y el desmantelamiento de las políticas públicas vinculadas al reciclado inclusivo. “Hoy estamos 12 o 14 horas empujando el carro, se nos acorta cada vez más la esperanza de vida que ya era de 60 años y, aun así, nos rompemos la espalda, no llegamos a la mitad de una canasta básica”, agregó. 

Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Se repiten las historias de quienes intentan sobrevivir en un país donde si hace diez años alcanzaban entre tres y cuatro salarios mínimos para sostener las necesidades básicas de un hogar, hoy hacen falta ocho. “Trabajo en la cooperativa textil ‘Trama Latina’, cosemos para emprendedores. Hoy la industria nacional se ve muy afectada con la apertura indiscriminada de las importaciones, y porque la gente ya no llega ni a comer y lo primero que empieza a pasar es que baja el consumo de la venta de ropa”, compartió con este medio Sol, trabajadora textil de la Ciudad de Buenos Aires. Además, contó: “Tenemos muchas máquinas paradas y vemos como más talleres van cerrando en el rubro”. 

No poder comprar alimentos ni ropa ni calzado es la realidad de las y los trabajadores que se aleja cada vez más del derecho a una vida digna según lo expresa la propia Constitución Nacional. “Tenemos un taller de armado de calzado y el principal problema es la caída del consumo por la apertura de importaciones y porque la gente no tiene un mango”, dijo en sintonía Diego, trabajador de 44 años. La unidad productiva está ubicada en Gerli y hoy emplea a 5 personas, cuando antes eran 25 pero la caída de la demanda-producción los golpeó: “Antes hacíamos un promedio de 1.000 pares semanales y hoy apenas llegamos a 300 pares”, contó y agregó: “Este gobierno se dedica a destruir la industria nacional y lo está logrando”. Para sumar ingresos, Diego trabaja en tareas de pintura y limpieza. “Con lo que gano llego casi justo a cubrir la canasta, pero tengo que pagar alquiler y la cuota alimentaria para mi hija, y la verdad que me está costando un montón”, afirmó. 

Trabajar más para comer menos

A 300 kilómetros de distancia, las urgencias se repiten. “Hay cada vez más trabajadores en cadetería y reparto, se suma gente desempleada que busca una salida acá, pero al mismo tiempo tenemos una caída importante del consumo, es decir, hay menos trabajo”, expresó Brenda, coordinadora de la cooperativa “Coopexpress” de Rosario. Como tienen menos pedidos, terminan realizando jornadas laborales de hasta de 12 horas para llegar a un mismo ingreso, aunque “ya no significa tener el mismo nivel de vida”. 

Un escenario semejante vive Ayelén que es monotributista, tiene dos trabajos y pese a sumar ingresos de su esposo, aseguró que “no nos alcanza”. La familia tiene 2 hijos de 7 y 10 años, pero además la joven de 29 años debe comprar medicamentos para una enfermedad crónica. “Se me va un 40% de lo que junto en medicamentos, que los tengo que tomar de por vida”, señaló. 

En el presente es coordinadora de Casa Esquina Libertad de Morón, un espacio que desde 2019 aborda el consumo problemático, “con una perspectiva sobre la reducción de riesgos y daños, y enfocándonos también en la salud mental y en llegar a los barrios”, contó. Además de este trabajo principal se desempeña en el programa de la provincia de Buenos Aires, Entramados. “Los lunes siempre nos encontramos con gente que no se alimentó el fin de semana”, señaló a este medio y dijo que recientemente se vieron en la necesidad de extender el horario laboral “por la alta demanda”. A su vez mencionó la situación que atraviesan los profesionales de salud ya que “están con dos o tres trabajos juntos al mismo tiempo para sobrevivir”. 

Ollas populares y redes de supervivencia

“Se triplicó la cantidad de gente que viene pidiendo comida”, comentó Bárbara, trabajadora socio-comunitaria de Lomas de Zamora y que hace dos meses también empezó a trabajar como enfermera en un centro de salud. 

Sobre su situación actual agregó: “Mi sueldo se va en pagar deudas que contraemos para cosas básicas, esto es lo que vivimos en carne propia todos los días”. Además de las carencias materiales destacó el impacto emocional: “Me desespera saber que el día 15 del mes ya no tengo plata y me tengo que endeudar. Uso créditos de aplicaciones, tarjetas, fiados, es algo que le pasa a muchas familias que conozco”, detalló en diálogo con este portal.

Las ollas comunitarias se replican entre vecinos para compartir hasta lo que no se tiene. Los espacios generados por organizaciones sociales sirven de contención ante la miseria diaria y la ausencia del Estado. De hecho, hasta las prestaciones sociales que llegan a las familias más vulnerables sufren el recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) apenas cubren hoy el 39% de los alimentos y menos del 20% del costo total de vida, muy lejos del 70% que alcanzaban meses atrás.

“Soy cocinera comunitaria y ferianta, y la situación actual me afecta directamente porque no hay trabajo formal y la gente compra mucho menos y no tenemos ventas”, sumó por su lado Karina, trabajadora de 51 años. Desde su lugar como cocinera en un comedor ubicado en el partido de Vicente López contó: “Se cocina una vez al día, elegimos mediodía o noche, porque se duplicó la gente”. Se manejan con donaciones ya que “hace dos años que el Gobierno Nacional no aporta nada”, como denunció en su momento la investigación del periodista Ari Lijalad en El Destape, dando cuenta de más de 5 millones de kilos de alimentos sin entregar por parte del Ministerio de Capital Humano. 

Antonella tiene 27 años y es artesana. “El mercado de las ferias hoy está muy difícil tanto por el costo de la jornada -entre 20.000 a 40.000 pesos como lo más barato- y se suma todo el trabajo que es conseguir insumos con precios que siguen subiendo, ver cómo invertir la menor cantidad de plata posible y la exposición en el espacio público”, contó al ser consultada. 

Por eso, decidió sumarse a un espacio colectivo y actualmente coordina la Feria Feminista Popular de Munro que alberga a más de 400 emprendedoras. “Nosotras, por ejemplo, no cobramos por el puesto pero a cambio pedimos una contribución en alimentos no perecederos, para abastecer ollas populares”, relató. En este tiempo vio aumentar la cantidad de feriantas que piden participar del espacio, desde mujeres jubiladas, aquellas que sufrieron situaciones de violencia de género y de jefas de familia. También decidieron sumar un cupo para personas con discapacidad. “Ante el desfinanciamiento en el área de discapacidad, sumamos este cupo y la demando nos desborda. De hecho, muchas de las personas que se propusieron se han acercado con sus familias enteras”, agregó. 

La dinámica del mercado laboral argentino de los últimos dos años se caracteriza por la destrucción de empleo asalariado formal y la multiplicación del trabajo por cuenta propia informal. Según un informe del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD-UNSAM) entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, esta última categoría ocupacional creció un 11%. Sin embargo, los especialistas sostuvieron que “los empleos refugio tienen una capacidad limitada de absorción ya que, en cierto momento, los trabajadores comienzan a competir por una demanda estancada y una porción creciente encuentra cada vez menos margen para generar ingresos, y ese deterioro empieza a expresarse en el desempleo”. Los datos de actividad económica de los primeros meses de 2026 no permiten proyectar un cambio relevante en este escenario. En febrero se registró una caída de -2,6%, luego de un enero de estancamiento.

El ajuste sobre la economía popular

Apenas asumió el gobierno libertario reemplazó el programa Potenciar Trabajo -dirigido a personas con trabajo informal y en situación de vulnerabilidad socio-económica- por dos nuevos programas: Volver al Trabajo (PVT) y Acompañamiento Social (PAS), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El programa original buscaba garantizar un complemento a los ingresos de esos trabajadores a partir de un salario social con contraprestación, fijado por resolución en el 50% del valor del Salario Mínimo. Sin embargo, además de recortar el número de beneficiarios la administración nacional decidió congelar el valor del beneficio en $78.000 fijos mensuales desde inicios del 2024. 

A su vez este año avanzó en el desmantelamiento total de la red de contención social construida en los barrios vía la eliminación del Volver al trabajo, justificado por el discurso oficial de que "los pobres no quieren trabajar”. 

Si bien la justicia federal hizo lugar esta semana a un amparo colectivo y frenó la eliminación del programa desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) enfatizaron que “es paso importante, pero no garantiza” la estabilidad del sector a largo plazo. Según datos difundidos por la organización, el costo fiscal de estos programas representa “apenas el 0,1% del PBI nominal”. 

“Dicen que no trabajamos”

“Dicen que no trabajamos, pero no tienen idea de todo lo hacemos en nuestras horas del día”, subrayó Bárbara y agregó “el salario social por poco que sea es un reconocimiento al tiempo de trabajo que dedicamos acompañando todo tipo de situaciones, tratando de contener para que no avancen negocios como el narcotráfico, y generando otras formas de trabajo posibles”.

En sintonía se expresó Santiago, cartonero de La Matanza. “El Gobierno Nacional ha decidido quitarnos este derecho que era un complemento a nuestra actividad. Si bien no es mucho contábamos con ese ingreso para garantizar una semana de comida, pagar un medicamento, algún servicio, pagarle al carnicero que te da fiado o en mi caso que soy cartonero, si me toca una semana de lluvia que no puedo salir a reciclar o que el material se moja y la industria no te lo recibe, podía tener este respaldo”, compartió el trabajador de 44 años que integra una cooperativa y también después sale a recolectar cartón por su cuenta y los fines de semana hace trabajos de herrería a domicilio, “para poder, más o menos, sostener un plato de comida en el día”. 

También resaltó: “Somos un pueblo trabajador y es muy difícil cuando la sociedad mira para el costado y cuando se nos acusa de ‘planeros’, que es una vil mentira”. Desde hace ocho años participa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y comparte su día a día con trabajadores que revuelven todos los días la basura y “accedían a este complemento para garantizar un plato más de comida, pagar el boleto de transporte, o poder comprar un remedio cuando un hijo tiene fiebre”. El rol del salario complementario también se vuelve más evidente cuando hoy recolectan mucho menos cartón que hace dos años atrás: “Pasamos de un promedio de 80 toneladas de celulosa mensual a un promedio de 40 toneladas, con mucha suerte”, agregó. Se suma que los pagos del insumo de parte de la industria se estiraron, si antes demoraban 45 días hoy esperan hasta 90 días para que se complete el pago de la comercialización. 

En definitiva, las estadísticas pueden medir cuánto cayó el consumo, pero no el cansancio de quienes empujan un carro durante 14 horas, ni la angustia de las familias que llegan al día 15 sin saber qué van a comer. Tampoco registran las ollas que se multiplican en los barrios, las ferias que intercambian alimentos para sobrevivir o los trabajadores que encadenan dos y hasta tres empleos para sostener ingresos que ya no alcanzan. En esa economía invisible y precarizada, miles de personas siguen trabajando todos los días para sobrevivir en un país donde incluso trabajar dejó de garantizar un plato de comida. En la Argentina del ajuste permanente, la caída del consumo no golpea a todos por igual.