El juez de Garantías de San Isidro fue suspendido anoche por presunto mal desempeño en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense y ahora será sometido a juicio político en el término de 60 días.

Consultado sobre el tema, Lorenzetti declaró: "Ese caso está en la Justicia provincial y nosotros tenemos que respetar el funcionamiento de las instituciones".

"Si hubiera alguna irregularidad (en el juicio), será planteada y llegará a la Corte, pero por ahora no vemos ninguna", sostuvo.

Lorenzetti subrayó además que "nosotros no tenemos por qué intervenir en ninguna cuestión que se está tramitando en la justicia provincial".

Y agregó que "si se lo juzga está bien, es algo normal, así tiene que funcionar el sistema; no hay nadie que pueda estar afuera de la ley, ni siquiera los jueces".

Lorenzetti hizo declaraciones a la prensa luego de encabezar el lanzamiento del Plan Nacional de Capacitación Judicial.

La opinión del titular de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Sal Lari tomó relevancia porque la figura del polémico magistrado de San Isidro se ha convertido en centro de debate para agrupaciones sociales y de organismos colegiados.

Distintas agrupaciones judiciales y de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se sumaron a la defensa de Sal Lari, a quien definieron como un hombre "denunciado por cumplir aquello a que lo obliga la ley y la Constitución".

Hoy, puntualmente, el CELS renovó su defensa y denunció "el cinismo político" que esconde la suspensión del Sal Lari, que no estuvo basada en la totalidad de los once hechos supuestamente originales que se le atribuían por supuesto mal desempeño.

"Este es el resultado de una campaña política y mediática que utilizó la figura del Sal Lari como chivo expiatorio al que adjudican las deficiencias de los tres poderes del Estado para implementar una política de seguridad eficaz en la provincia", dijo hoy el CELS en un comunicado.

Según sostuvo la ONG, "Sal Lari vuelve a ser acusado sin fundamento y la persecución de la que es objeto representa un grave riesgo para la independencia judicial". Sal Lari sumó once acusaciones en su contra, la mayoría por evitar disponer arrestos y otorgar excarcelaciones, pero ayer -después de dos audiencias fallidas y más de cinco horas de debate- el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió suspenderlo en sus funciones por solo uno de esos hechos, según trascendió.

Se trata del caso que analiza el haber dejado detenido durante siete meses a un hombre que ya había sido liberado por orden de un tribunal superior a Sal Lari.

Tras sostener que "ninguno de los otros hechos que se le imputaban como causales de mal desempeño y que tuvieron amplia cobertura mediática pudieron ser sostenidos por el jurado", el CELS se quejó por "la falta de sustento de los argumentos contra el garantismo del juez y su utilización espuria para habilitar los discursos de demagogia punitiva".

En tanto, quienes cuestionaron a Sal Lari, entre ellos el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y la asociación Madres del Dolor, celebraron la suspensión del magistrado y su envío a juicio político.

Posse afirmó que el fallo del Jurado de Enjuiciamiento "es un triunfo de las instituciones".

Por su parte, Viviam Perrone, de Madres del Dolor, admitió que tiene "muchísimo miedo de que hayan elegido alguna causa que quizás después no puedan sostener en un juicio oral, pero si llegamos hasta acá, es porque fue un logro de la sociedad argentina".