Al menos 6.000 chilenos de la devastada región de Biobío fueron despedidos en la primera quincena de marzo por empresas que, bajo el argumento de "fuerza mayor", evitaron pagar indemnizaciones. La cifra corresponde al 61% de los despidos registrados en el país desde el terremoto que devastó Chile el 27 de febrero y representa un salto intermensual de 3.000% en la tasa de la región centro-sur del país, la más afectada por la catástrofe. En la región metropolitana, que incluye a Santiago, los despidos derivados del terremoto de 51 en febrero a 1.357 en lo que va de marzo, un aumento del 2645 por ciento. Aumentos similiares se registraron en las regiones de Valparaíso y Maule. Las cifras de despidos obligó el flamante presidente Sebastián Piñera a una reunión de urgencia con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Camila Merino. La funcionaria declaró que las empresas de Biobío pasarán por las "fiscalizaciones que correspondan" y deberán probar que el sismo las dejó en situación de "fuerza mayor", es decir, que no pueden continuar con sus actividades. Matizó que "no por estar en una zona de catástrofe, pueden despedir trabajadores bajo ese fundamento". Para paliar la situación de los nuevos desempleados, el gobierno podría anunciar la próxima semana la entrega de un bono de hasta el 50% de un salario mínimo mensual, que en Chile es de 157 dólares, por trabajador.

El sismo de 8,8 grados en la escala de Richter dejó dos millones de damnificados, sobre una población de 16,1 millones de habitantes. La tragedia ya había obligado a Piñera a redefinir las prioridades de un gobierno que deberá asumir la reconstrucción de un país que sumó pérdidas por unos 30 mil millones de dólares en infraestructura. Por el momento, la ministra Merino aseguró que, pese al sismo, el gobierno creará 200 mil empleos anuales hasta el término de su mandato en 2014, tal como había prometido durante la campaña electoral.

El gobierno sabe que los trabajos de reconstrucción podrían colaborar en este sentido."Va a haber presiones para que aumente el desempleo y necesitamos medidas para fomentarlo mientras arranca la reconstrucción", explicó la funcionaria.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que reúne a 100 mil asalariados del sector privado, tiene su propia visión del problema. Su titular, Diego Olivares, pidió a Merino que el gobierno derogue el artículo 159 del Código del Trabajo, que se refiere a despidos por fuerza mayor, y denunció que los empleadores se niegan a utilizar los seguros que tienen para solventar el costo de eventuales indemnizaciones.

En todo caso, la crisis no afectará a todos de la misma manera Ayer, se conoció que el presidente Piñera, que según la revista Forbes posee una fortuna de 2.200 millones de dólares, cobrará un salario mensual bruto de 14.750 dólares, el mismo que recibió su antecesora Michelle Bachelet al final de su gobierno. El multimillonario empresario todavía debe desprenderse del 11,33 % de las acciones que posee en la aerolínea LAN, valuadas en 500 millones de dólares. Mientras tanto, cobrará 300 mil dólares por traspasar su paquete accionario en el club de fútbol Colo Colo.

El pasado pinochetista los condena

Cuatro ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fueron condenados a entre seis y doce años de prisión por el asesinato de cuatro opositores en Santiago. Los cuerpos de dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y dos del Partido Socialista aparecieron en noviembre de 1981 dentro de un auto en llamas frente a la casa del entonces canciller René Rojas. Los activistas habían sido asesinados tras ser detenidos, pero los ex agentes incendiaron el vehículo para simular un tiroteo. El gobierno deberá pagar 58 mil dólares de indemnización a cada una de las familias de las víctimas.

Portillo vuela a EE.UU. con pasaje de ida

Después de ocho horas de deliberar, un tribunal de Guatemala aprobó la extradición del ex presidente Alfonso Portillo a Estados Unidos, donde será juzgado por blanquear unos 70 millones de dólares en bancos de ese país entre los años 1999 y 2004. La defensa del ex mandatario ya anunció que apelará el fallo porque "la acusación norteamericana no tenía fundamento". Durante las audiencias, Portillo dijo que Estados Unidos "se está cobrando con mi extradición que como presidente no apoyé la invasión a Irak".