Tensión por la nueva Ley de Riesgos del Trabajo

Fuertes cruces y enfrentamientos se están generando en torno al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo. "Los gastos de comercialización” en el centro de la escena.

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Fuertes cruces y enfrentamientos se están generando en torno al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para la creación de una nueva Ley de Riesgos del Trabajo que sigue sin encontrar consenso entre los diversos actores del mercado.

La necesidad de reformar la norma que regula al sistema se viene debatiendo desde hace ocho largos años, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 14 y abrió la puerta a nuevas acciones judiciales a través de los fallos Castillo y Aquino. Sin embargo, la falta de diálogo y la poca capacidad para poder llegar a un acuerdo entre las partes llevó al borde del colapso a un mercado que vive en la cornisa.

Entre los diversos proyectos que desfilan por los pasillos del sector, el que promueve el Gobierno, de la mano del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es la iniciativa que más fuerza ha tomado en el último tiempo, pero a su vez, genera grandes incertidumbres y reclamos.

La Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) emitió el martes pasado un comunicado en donde exige a las autoridades poner las cosas en su lugar y reclama por no haber sido convocada para discutir el proyecto. “Los productores asesores de seguros (PAS) estamos comprometidos con la evolución del sistema de protección de riesgos laborales y hemos contribuido, en el marco de nuestra misión, derechos y obligaciones, a hacer efectiva la ley y sus reformas. No obstante, no hemos sido invitados al ámbito en que se analizan las distintas versiones del anteproyecto de ley que sería remitido al Parlamento Nacional”.

AAPAS mostró su gran desacuerdo al artículo 42 del proyecto, que señala en su apartado 8 limitar "los gastos de comercialización, intermediación o difusión comercial hasta el 5% del total de lo recaudado en concepto de alícuotas".

“No se entiende el origen ni el por qué de la insistencia en un tema que no afecta la cobertura ni las prestaciones ofrecidas a los trabajadores, ni afecta a los empleadores afiliados y que ha quedado demostrado, no redunda en el incremento de costos del sistema”, expresaron desde AAPAS.

En este sentido, los Productores de Seguros recordaron que, a la hora de contratar, los empleadores eligen hacerlo con la asistencia de un profesional que, entre otras cosas, “equilibra su grado de conocimiento con el de la aseguradora, haciendo posible el acceso pleno a los servicios que brinda el sistema”.

“A pesar de que nuestra posición es ampliamente conocida, deseamos destacar que en la celebración de los contratos de afiliación intervienen y deben intervenir, en pos del correcto asesoramiento de los afiliados, PAS cuya actividad está reglamentada por la ley 22400, y en la misma se establece que estos percibirán las comisiones que acuerden con el asegurador”, afirmaron.

En coincidencia a lo manifestado por AAPAS, la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA) también había expresado su “sorpresa” por la medida impulsada y se mostró en contra de la misma. “Si todos los gastos de comercialización se limitaran al citado cinco por ciento, la remuneración de los Productores Asesores debería caer a niveles absurdos que de ninguna manera compensarían las tareas que tienen a su cargo. Más aún, en la mayoría de los casos de pequeñas y medianas empresas, los PAS realizan funciones que van mucho mas allá del asesoramiento e intermediación en el momento de la celebración de los contratos y su labor se extiende a otras tareas dentro del ámbito de la ley que, por su naturaleza, esas empresas no están capacitadas funcional y económicamente para afrontar”.

“Parecería más saludable que quienes tienen responsabilidad en la aplicación de la ley pusieran mayor énfasis en la reducción de su costo a través de la prevención de los infortunios previstos en la misma, entre ellos los vinculados a los accidentes "in itineri" ocurridos en los medios de transporte utilizados por los trabajadores”, aseguraron desde FAPASA en un documento firmado el pasado 25 de mayo.

Por su parte, desde AAPAS le exigieron a las aseguradoras que tomen posición sobre este conflicto que mantiene en vilo a los intermediarios. “Un pronunciamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sobre el particular, junto a los empresarios, quienes reconocen el valor agregado de los PAS, contribuiría a focalizar el futuro debate parlamentario en lo verdaderamente importante, que es lograr la armonización de las reparaciones que brinda el sistema con las que pueden obtenerse por la vía de la justicia civil”, afirmaron.

Pero no solo del lado de los productores llegan las detracciones a la iniciativa, el empresariado se mostró también en contra a la implementación de la nueva norma. La Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron que no es conveniente enviar una normativa completamente nueva en el marco de una crisis económica mundial, ya que podría afectar la inversión empresarial y la competitividad del mercado argentino.

La cámara que lidera José Ignacio de Mendiguren se reunió el martes con Tomada quien le brindó detalles del proyecto oficial de la nueva Ley. Tras el encuentro, los industriales sostuvieron que de aprobarse la ley podría incluso provocar un incremento en la cantidad de juicios que se realizan por accidentes de trabajo, que al día de hoy se estima en 65.700.

El tema levanta cada vez más temperatura entre todos los actores del sector quienes no pudieron consensuar un proyecto único cuando en 2011 el Gobierno los llamó a trabajar de manera conjunta.

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