Después de haberle mostrado los dientes, el vidalismo apuesta a cerrar la pulseada con el presidente de la Corte Suprema bonaerense. Cerca del juez Eduardo de Lázzari también buscan bajarle intensidad a la pelea. Por lo menos hasta después de las elecciones, en una suerte de tregua similar a la que pactó la Casa Rosada con la Corte Suprema nacional. Tal intento por diluir el conflicto no significa que De Lázzari haya cambiado de opinión.

“Ya estamos en otra sintonía. Queremos despolitizar el asunto”, afirma un dirigente cercano a la gobernadora. En la Corte bonaerense también pretenden retomar su habitual perfil bajo. De origen peronista, aunque sin una referencia política identificable, el jefe de los supremos bonaerenses tiene una mirada crítica sobre la gestión macrista. Y algo más: percibe que existen causas armadas, presiones y hasta operaciones de los servicios de inteligencia. El D’Alessiogate es uno de los ejemplos señalados por el supremo. Según De Lázzari, esa lógica extorsiva y mediática empezó a contagiarse hacia el sistema judicial bonaerense.

El juez ensayó una defensa indirecta del trabajo de Alejo Ramos Padilla y metió el dedo en la llaga de Comodoro Py, el tribunal porteño que investiga a los funcionarios nacionales vigentes y pasados. “Si el presidente de la Corte cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo”, le retrucó Vidal el domingo pasado. También el ministro Germán Garavano y el procurador provincial Julio Conte Grand lo cuestionaron. ¿A qué se refería Vidal? A las declaraciones que el juez había hecho el 28 de junio, ante unos cien magistrados bonaerenses en Campana. Fue durante un encuentro de la Red de Jueces Penales. De Lázzari dio un largo discurso, en el que repasó conceptualmente varios temas: alentó incluir perspectiva de género en los fallos; describió la reforma del Código Penal impulsada por el oficialismo (recomendó evitar “tanto el exceso punitivista como una permisividad”); se lamentó por la “superpoblación carcelaria” y las “vulneraciones de los derechos humanos” de los presos; y planteó sus dudas respecto del proyecto de régimen penal juvenil, en particular frente a la baja de la imputabilidad a los 15 años. Se preguntó con tono crítico si “esa disminución en la edad de punibilidad ha demostrado eficacia en materia de seguridad”, y “cuál es la proporción de la delincuencia juvenil en relación al total de delitos que se cometen”. Y sugirió que podía acarrear “una posición regresiva en materia de derechos”. Sobre el final, llegó la parte políticamente más picante.

Denunció “causas armadas artificialmente”, “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, donde conviven influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público”. Si bien inicialmente sus dichos no saltaron el cerco del ámbito judicial bonaerense, el kirchnerismo se encargó de difundirlos. Cuando Cristina Kirchner tuiteó el audio del speech, el 12 de julio pasado, el impacto ya fue irrefrenable. Se armó una bola de nieve que excedió la intención inicial del propio De Lázzari. Ex procurador general y ministro de la Corte desde 1997, a donde llegó con el apoyo del ex gobernador Eduardo Duhalde, ahora De Lázzari coincide en algo con el vidalismo: la necesidad de bajar la espuma del choque. La inminencia de las elecciones induce a archivar las diferencias, al menos hasta dentro de unos meses. La causa de los aportantes truchos Una vez que se viralizó la opinión del juez Eduardo De Lázzari, el oficialismo le pasó un peine fino a la trayectoria del magistrado. Sacó a la luz su pasado duhaldista y una miniinterna que tuvo con el más reciente supremo bonaerense. Se trata del ex juez de Comodoro Py Sergio Torres, quien llegó al máximo tribunal judicial de la Povincia por impulso de María Eugenia Vidal. De Lázzari impugnó su arribo, porque supuestamente Torres no tenía domicilio bonaerense. Otro dato exhibido en los medios fue el nombre de su esposa: la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo. Designada durante la gestión del ex secretario de Justicia Julián Alvarez, Russo se opuso a una maniobra que beneficiaba al gobierno de Vidal: que la investigación sobre los miles de aportantes truchos de Cambiemos, utilizados en la campaña electoral 2017, pasara al ámbito de la justicia electoral. Pese a esa resistencia, la causa fue mudada de fuero. El vidalismo celebró ese rebaje de penal a electoral. “Encontré irregularidades administrativas, no delitos”, argumentó la gobernadora.