Una votación crucial para el gobierno de Michel Temer se puso en marcha ayer en Diputados. Se trata de una enmienda a la Constitución que establecerá, en caso de ser aprobada por el Parlamento, el congelamiento de los gastos públicos por 20 años. El proyecto, que requerirá dos votaciones en cada Cámara, tiene sus apoyos más sólidos en el mundo empresarial y financiero. Al establecer que el presupuesto nacional podrá solo ser ajustado a lo largo de dos décadas por la inflación del ejercicio anterior, pone un techo pesado sobre las partidas de educación y salud. Pero garantiza, en cambio, “el margen necesario” para pagar los voluminosos intereses de la deuda pública.

En sí, el proyecto de enmienda provocó una polémica considerable entre los distintos actores sociales. Y desde luego, tuvo repercusiones en el Congreso. A tal punto que la semana anterior concluyó con un fracaso en el primer intento de votación, por falta de quórum en la Cámara Baja. Esta semana comenzó bajo otros aires que indican la viabilidad que podrá tener esta iniciativa. Para el ministro de Hacienda Henrique Meirelles, la futura norma –que tendría vigencia a partir de 2017—es clave para “recuperar la confianza de los mercados” y con eso “atraer inversiones”. Para el presidente brasileño, en cambio, el resultado tendrá un impacto más abarcador, no solo económico sino sobre todo político. Ocurre que Temer debe demostrar su capacidad para manejar el Parlamento; que según él mismo es lo que justificó reemplazar a la ex presidenta Dilma Rousseff por medio de un impeachment. Una derrota en el proceso de votación –ya sea por falta de quórum o por no contar con el sí de 309 congresistas—pondría a la nave gubernamental en riesgo de naufragio.

La medida legislativa tiene críticos feroces, tanto en el mundo académico como en el de la política. El cuestionamiento fundamental es que petrifica los gastos destinados a educación y salud a lo largo de 20 años, lo que significa en verdad una rebaja sustantiva del financiamiento para estos dos sectores sociales clave (basta mencionar que no contempla siquiera una evolución acorde con el crecimiento poblacional). En la actualidad, tanto uno como otro segmento se ajusta en forma creciente como porcentaje del presupuesto (el plan era llegar a 15% el año próximo) y en función del aumento de la recaudación por crecimiento económico. Esta nueva normativa pone punto final a esa prerrogativa especial en un ámbito crítico para los servicios públicos prestados a la población.

Los partidarios de esta enmienda de la Constitución (de 1988) la consideran “fundamental” para reducir la deuda pública, que hoy alcanza a 70% del Producto Bruto Interno. Y afirman que la iniciativa es central para sacar al país de la crisis fiscal, lo que se lograría al obtener una recaudación creciente contra gastos menguantes. En el escenario político, cuenta con el apoyo incondicional de los dos grandes partidos de la coalición oficialista: el PMDB (de Temer) y el PSDB (los socialdemócratas), además de organizaciones partidarias menores que los acompañan.

Si el texto de la norma resulta aprobado en la primera votación, debe ser sometido a una segunda rueda dentro de 5 sesiones parlamentarias, lo que implicaría pasar para dentro de una semana y media cuando menos. Luego, si la Cámara Baja le da el sí, pasará al Senado, donde debe seguir el mismo procedimiento de dos votaciones. “Esta enmienda constitucional será la desgracia de Brasil: significa que las escuelas técnicas, las universidades y los hospitales tendrán cada vez menos dinero, en un país que necesita aumentar los recursos en ambos sectores” declaró el diputado opositor José Geraldo.