El fiscal de Estado, Fernando Carbajal, no tiene ni margen ni pretexto para no defender los intereses de los contribuyentes correntinos, ya que el Ejecutivo lo instruyó detalladamente para que se presente como querellante en uno de los más escandalosos casos de corrupción de los últimos años, denominado Caso Martín, por el apellido de los beneficiarios de un millonario pago que hiciera el ex gobernador Ricardo Colombi de una deuda consolidada, violando todas las leyes vigentes sobre la materia.

Lo que hizo el ahora senador y antes diputado, que por algo buscó fueros aunque ahora quiere volver a ser gobernador, fue obviar no solamente un dictamen del entonces fiscal de Estado, Armando Aquino Britos, que desaconsejaba ese pago y avanzar con una decisión que lo compromete seriamente ante la Justicia, porque no hay explicación posible para tal inobservancia de las normas financieras del Estado.

En su momento, la designación de Liberato Carlos Simonelli sirvió precisamente para que esa causa no avanzara, es decir para que el ex camarista proteja a Ricardo. Pero ahora, con esta instrucción precisa del Ejecutivo, se está dando un paso claro y contundente hacia el esclarecimiento del caso que podría esconder una estafa al erario por $8 millones.