Ayer habló de la posibilidad de la conformación de un tercer espacio, que como tal está en el bolillero de las posibilidades políticas en la conformación del escenario electoral para 2013. Un elemento digno de destacarse es que por primera vez Romero Feris extendió al período del ‘97 en adelante sus críticas a la Justicia, alcanzando de lleno a la entonces presidente Inés Fagalde de Duhalde, cuya suspensión se dispuso en el ‘99, en el marco de un juicio político que fue el preludio de la siguiente intervención a los tres poderes.

El ex gobernador de la Provincia, Raúl Rolando Romero Feris, apuntó ayer duramente contra el Poder Judicial de Corrientes, señalando que "la Justicia correntina hace los méritos suficientes para ser intervenida".

En los hechos, y más allá de la opinabilidad respecto a la justicia o no de algunos fallos, lo que parece incontrastable es que esta cúpula tribunalicia viene actuando con desprecio por normas elementales que hacen a la transparencia y la seguridad jurídica sin cuidar las formas, en una actitud reprochable que resulta condenable.

En este marco años atrás el juez Juan Manuel Segovia, que fue quien en su momento dispuso la detención del líder nuevista en 1999, se puso firme ante el Superior Tribunal, resistiendo el embate de la cúpula tribunalicia allá por 2003 cuando se intentó perjudicar a Romero Feris en lo que el juez consideró un exceso impropio de la jurisdicción. La honestidad intelectual del intachable Juez de Instrucción motivó el enojo de los ministros, que finalmente tuvieron que avenirse a respetar los procedimientos que hacen a las garantías constitucionales.

Aun así lo lamentable es que no hay muchos Segovia en Corrientes, siendo frecuente que los aprietes tanto del Superior como de la Fiscalía General, lleven a situaciones contrarias a la vigencia del principio del debido proceso y el derecho en defensa en juicio, algo que no puede negársele a ningún justiciable.

En este marco las declaraciones del ex hombre fuerte de Corrientes muestran un algo de lógica que debe ser tenido en cuenta en un estado de derecho que hoy no existe en Corrientes.

En declaraciones a Radio Dos dijo que "las fallas en la Justicia las vengo denunciando desde hace 15 años". Otros pronunciamientos de "Tato" en esa misma entrevista:

· "En Corrientes existe una connivencia entre determinados estudios jurídicos, algunos juzgados y algunos jueces".

· "Dejo a salvo a muchos jueces que son realmente valiosos y que tienen absolutamente revalidada la condición de tales, pero no así la cabeza del Poder Judicial".

· "El Superior Tribunal de Justicia adolece de la imparcialidad que se necesita, del conocimiento, de ese equilibrio necesario que es fundamental para dar el adecuado servicio de justicia. Y la mayoría de sus integrantes carece de humildad para entender sus errores y tratar de enmendarlos".

En otro párrafo aludió a una serie de reuniones que se desarrollaron en las últimas 48 horas y que apuntan a la posibilidad de dar forma a un escenario electoral distinto, con una tercera fuerza que terciaría frente a las dificultades que muestra el justicialismo y los inconvenientes que muestra el radicalismo para recomponer una alianza que muchos consideran agotada.

BRAILLARD "NO ENTIENDE"

Presente en el barrio Pirayuí, donde el Gobierno provincial inaugura una Comisaría, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard salió al cruce de quienes consideran posible la intervención a la Justicia de Corrientes. Respecto a recientes dichos de Josefina Meabe y Tato Romero Feris, Braillard dijo que "estoy absolutamente en desacuerdo con esa posición. Me extraña ese tipo de comentarios, como si no tuviéramos experiencias duras en el pasado reciente. Deben utilizarse los mecanismos constitucionales", dijo.

"Cualquiera puede tener una queja sobre el funcionamiento de un poder del Estado, pero funcionan bien los mecanismos que prevén una factible solución", sostuvo el doctor Pedro Braillard Poccard, quien obvió hacer referencia a los expedientes cajoneados en la Cámara de Diputados, respecto a una serie de pedidos de juicio político que no son tratados, produciéndose un virtual bloqueo institucional que extiende el problema al ámbito de la Legislatura. El Vicegobernador tampoco hizo referencia a los severos cuestionamientos que existen a los tejes y manejes que se producen tanto en el Consejo como en el Jury, al punto que la propia Corte Suprema debió invalidar el primer fallo destitutorio de un juez por falta de garantías en el desarrollo del proceso, algo que asoma como previsible precedente a los que le siguieron, en los cuales sucedió de todo como que algunos de los consejeros violentaron el reglamento del propio cuerpo y terminaron dándose vuelta como medias en circunstancias poco claras luego de emitir sus votos, al amparo de presiones no desmentidas ejercidas desde el Ministerio Público.

"En la Convención Constitucional de 2007 la Provincia incorporó en varios capítulos los elementos donde se toman precauciones para evitar la intervención de un poder, entonces resulta insostenible que algunos propongan eso", agregó sin hacer referencia alguna a la naturaleza de los graves problemas que son los que han puesto sobre el tapete la posibilidad de un remedio extremo previsto en la Constitución Nacional para restituir el servicio de justicia en una Provincia donde a esta altura nadie está seguro.

Para Braillard, "los estamentos de la Justicia tienen una presencia política nula o mínima. Hay que tomarse el trabajo de hacer uso de los mecanismos constitucionales para buscar las soluciones locales, y no salir a pedir esas cosas. Además hay especialistas de Derecho Constitucional que establecen que la intervención del Poder Judicial es prácticamente imposible de ser realizada".

Olvida en este aspecto el Vicegobernador que la decisión es de naturaleza política y es resorte exclusivo y excluyente de ambas cámaras del Congreso de la Nación, que son quienes meritúan si las razones invocadas tienen entidad suficiente para la aplicación de un remedio extremo.

Al planteársele al Vicegobernador el argumento esgrimido por algunos por demoras en procedimientos de pedidos de juicios políticos, sostuvo: "Es como querer matar una hormiga a cañonazos". Lo cierto parece ser que la hormiga en los hechos ha comenzado a resentir el andamiaje y las bases de un sistema que cruje por los cuatro costados sin que la Legislatura se avoque a las soluciones de fondo que podrían comenzar a disipar algo que, a esta altura, es algo más que el fantasma de la intervención.

Las caracterizadas voces de referentes de distintos partidos como el justicialismo, el PaNu, el liberalismo y Compromiso K, entre otros, sumado al paso atrás dado por el Pro en las últimas horas, así como la expresión de un sector del radicalismo afín al Gobierno nacional, pareciera mostrar que no se trata de una avanzada K, sino que es un reclamo cada vez más extendido para que cese el estado de cosas que perjudica la estabilidad institucional de la Provincia y compromete las garantías constitucionales de los justiciables.

gentileza y LUIS GURDIEL

CON VISIONES CONTRAPUESTAS. Uno admitió que la Intervención podría ser la solución. El otro habló de los remedios locales, sin explicar por qué hasta ahora no funcionan. En la polémica la idea del remedio federal sigue a fuego lento. Para muchos los tiempos llegarán sin oportunas respuestas de un sistema político que no termina de advertir que intervenir el Poder Judicial puede ser el preludio de la extensión de la medida como ya ocurrió en Corrientes años antes.