Ayer se conoció la información que “Industrial Gaseosa S.R.L.”, del grupo Krujoski, presentó ante el Juzgado Federal Nº1 de Capital - a cargo de Carlos Soto Dávila - un planteo de “inconstitucionalidad” de la ordenanza que actualiza los valores de las tasas municipales, que el Concejo Deliberante aprobó el 13 de abril pasado.

La empresa (distribuidora de Coca Cola y productora de Agua Ivess) es la primera que acciona judicialmente contra la norma que modificó la Tabla Tarifaria y el Código Fiscal del Municipio capitalino. El planteo ataca particularmente la nueva estructura que adquirió la Tasa de Seguridad, Inspección e Higiene o “Tasa Comercial”.

Desde que comience a aplicar, el 1 de julio, esta carga tributaria se calculará en base a una escala de alícuotas (que va desde el tres por mil al doce por mil, sobre los Ingresos Brutos), de acuerdo a la facturación total de las empresas. Hasta ahora se cobra en base a la cantidad de metros cuadrados que tienen los comercios.

Desde un principio las cámaras empresariales (APICC, FECORR, FEC), y ahora lo formalizó judicialmente “Industrial Gaseosa S.R.L”, cuestionaron esta nueva estructura de la “Tasa Comercial”. Aseguran que la ordenanza creó “un nuevo impuesto”, para el cual el Municipio “no tiene facultad constitucional” para hacerlo ni cobrarlo.

Hablan de una “doble imposición” de una misma carga tributaria, por el hecho de que a partir de ahora se tomará como referencia de cálculo la estructura del Impuesto a los Ingresos Brutos, que ya lo cobra el Estado provincial.

Jurisprudencia nacional, herramienta de defensa

Para la administración del intendente capitalino, Carlos Mauricio “Camau” Espínola, la aparición del pedido de “inconstitucionalidad” de la nueva estructura de la Tasa Comercial no fue una sorpresa. “Sabíamos que esto iba a pasar. Pero estamos preparados y convencidos de que nos les asiste la razón”, dijo ayer el Secretario General y de Gobierno capitalino, Martín Barrionuevo.

Aseguró que el planteo judicial nada implica, mucho menos que se frene la aplicación de la actualización de los valores de las tasas, en general a partir del 1 de junio; y de la Tasa Comercial en particular desde el 1 de julio en adelante.

“La norma está vigente y no existe medida judicial que impida la aplicación de la Tarifaria. De este modo, a partir de junio, las boletas llegarán con incrementos en algunos ítems”, aseguró Barrionuevo.

El mejor argumento del Ejecutivo es que actualmente existen “más de 400 municipios en todo el país y el 75% de las ciudades más grandes de Argentina que aplican la misma estructura de cálculo para la Tasa de Seguridad e Higiene. Y no existe caso alguno de comuna que haya tenido que retrotraerse de aplicar esta metodología por orden judicial. Desde 1956 la jurisprudencia nacional nos da la razón a nosotros”, dijo anoche Barrionuevo a época.

La administración del intendente “Camau” Espínola está dispuesta a defender, en todas las instancias judiciales que se planteen, la ordenanza que le representa una importante herramienta de recaudación de fondos.

Solamente la Tasa Comercial el año que viene le podría significar unos $10 millones extras que le servirán para amortiguar el fuerte impacto que tendrá la vuelta del pago de la deuda comunal, ya que termina el periodo de gracia del Programa Federal de Desendeudamiento.

Opositores dicen que la ordenanza “no existe”

El bloque de concejales opositores de Capital, Encuentro por Corrientes (ECO), aprovechó ayer la noticia del pedido de “inconstitucionalidad” de la ordenanza Tarifaria que hizo la empresa “Industrial Gaseosa S.R.L.” para volver con sus argumentos de ilegalidad de la norma económica.

Los ediles radicales Norberto Ast y José Ramírez Alegre; Gabriel Romero de Libres del Sur; Cantalicia Encinas de ARI; y López Desimoni del Partido Popular realizaron una conferencia de prensa para volver a cuestionar la vigencia de la ordenanza.

Primero oficiaron de voceros de la empresa, por ser ellos quienes dieron la noticia sobre la “Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” que fue presentada en el Juzgado Federal de Capital, bajo expediente Nº 55/11. Pero al mismo tiempo cuestionaron la estrategia judicial de “Industrial Gaseosa S.R.L.”.

Calificaron de “sospechoso” el hecho de que el planteo haya sido presentado en el fuero federal y no en la órbita provincial ya que el tema “corresponde indiscutiblemente a la órbita local o provincial”, aseguró el radical Ramírez Alegre. “La verdad que nos resulta extraño”, agregó su par Norberto Ast.

En tercer orden los concejales aseguraron que “no se puede pedir la inconstitucionalidad de una norma que no existe”, señaló Gabriel Romero. El bloque ECO sostiene que en la polémica sesión del 13 de abril, el oficialismo cometió errores “de forma” que dotaron de “nulidad absoluta” a la ordenanza tarifaria que fue aprobada por la mayoría.

Finalmente aseguraron que siguen esperando la versión taquigráfica de esa sesión del 13 de abril, para -según ellos- demostrar los “errores de forma” que se abrían cometido al aprobar la actualización de las tasas. Adelantaron además su sospecha de que esa misteriosa versión taquigráfica “fue adulterada en la página 65”, y que por ello denunciarán penalmente a las autoridades administrativas del Concejo Deliberante.