Con ministerios separados o unificados, reproduciendo las iniciativas del Ejecutivo nacional, las estadísticas crecen pero incidiendo negativamente.

Desde la sustitución de Raúl Rivara, ministro de la Cartera durante el período de gobernador de Felipe Solá, pasaron León Arslanián (cumplió funciones entre 2004 y 2007 por una imposición del presidente Néstor Kirchner a Solá, desbordado tras el asesinato de Axel Blumberg); Carlos Stornelli y el ahora encargado Ricardo Casal.

La dinámica de estos años fue marcada, además de la sucesión de hechos violentos consumados, por los cruces constantes y las descargas de los ex funcionarios hacia los actuales y de éstos hacia los “viejos”, enrostrándose los males habidos en el dominio de la cuestión política. Estas cortinas de humo cubrirían la falta de estrategia y el desmanejo.

En uno de los más encendidos discursos, Carlos Stornelli le apuntaría a León Arslanián. “Permanentemente la Policía de la Provincia fue denostada, humillada, desmantelada”.

Asimismo recordó que en la gestión anterior a la suya “se compraban dirigibles y se le hablaba a la gente de reformas y platos voladores, cuando en realidad esto es trabajo, prevención, inversión. Son horas con el culo en la silla estudiando los problemas y no sanateando por ahí y haciendo que la variable de ajuste sea la gente común, como lo fue”, continuó duramente.

La réplica a los dichos del funcionario provincial sólo echaron más sal al enfrentamiento “Sus declaraciones son fruto de su impotencia, de su fracaso y de su falta de conocimiento para operar. Ahora le dan cuerda a Stornelli para que salga a decir lo que dice. Es impotencia para contener el delito que le estalla en la cara”, devolvió el hombre de las purgas que condujo con 34 delitos denunciados por hora en la provincia de Buenos Aires.

"Scioli es el único que ha encarado el tema seriamente y puede mostrar los resultados, pero a veces hay gente que intenta posicionarse de alguna manera y no habla con la verdad”, repetiría varias veces Stornelli, hasta se ser reemplazado en sus funciones, luego de manejar el área que en 2009 contó con alrededor de 75 robos por hora en el territorio bonaerense.

Estadísticas judiciales marcaron que en la Provincia hubo 148.488 delitos durante la primera mitad de 2004; y 324.249 en el mismo período del 2009.

Siguiendo fielmente la línea editorial de la Nación, de reunir Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en una misma Cartera, la Provincia optó para el ensamble ministerial traer como refuerzo a Ricardo Casal, en ese momento funcionario máximo de Justicia.

El argumento fue que era “más proclive a los consensos” que el saliente Carlos Stornelli. Sin embargo, desde la oposición y en sectores policiales, la interpretación fue muy diversificada.

Algunos sostuvieron que la suerte de Stornelli estaba echada desde el caso Pomar, donde varios cayeron, y que se aprovechó un momento de tranquilidad para concretar el cambio.

No obstante, quienes conocen muy de cerca la gestión coincidieron en que la razón fundamental del desplazamiento fue que presentaba poco diálogo con los intendentes del Conurbano, con los que Scioli intentaba conformar una alianza prioritaria, y con algunos miembros del Gabinete.

Ya con Casal en la conducción, el sol no asomó y ni siquiera pudo ponerse bajo un manto de tenso resguardo. El desmadre fue generalizado y las fotos luego de los sucesos fue una sistemática de la gestión.

Sus caballitos de batalla para impresionar y pisar fuerte fueron las transformaciones en los penales bonaerenses y la creación de alcaldías para descomprimir la superpoblación de las comisarías. No obstante, la huella que quiso dejar sólo encontró barro.

Según sus propias palabras de agosto de este año, diez mil lugares sería la cuenta para lograr distribuir cómodamente a los delincuentes en las cárceles provinciales. “Hay que hacer esas cárceles porque esos diez mil andan sueltos”, apuntó.

Pero, la teoría no se convirtió en praxis y su discurso trastabilló en ideas, proyectos y elucubraciones debido a la situación actual del sistema penitenciario. Los desbordes poblacionales no resueltos, disparan otras problemáticas gruesas: condiciones de hacinamiento, higiene y salud en la picota, las salidas transitorias.

Uno de los logros del ministro actual fue la creación de la comisaría de la mujer. “Es un claro a los mensajes sobre la intervención del Estado contra la violencia de género”, afirmó. Empero, estos hechos también aumentaron durante su mandato.

En el egreso de oficiales en la escuela Juan Vucetich producido el 23 de diciembre pasado, Casal señaló: “De esta manera se materializa la tercera de un programa que apunta a disminuir drásticamente la cantidad de presos en comisarías, y a la vez, permite desafectar a los funcionarios policiales de la custodia para sumarlos a tareas de prevención del delito”.

La cuenta de la administración por ahora está más que en rojo. La situación de las comisarías “completas” en su capacidad de alojamiento y la creación de las alcaldías, como medida que subsanaría ese panorama, nadan en la incertidumbre. Como certeza engendra el crecimiento de las denuncias por apremios contra los detenidos, violencia institucional y hasta muertes dudosas, según datos del archivo de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

El contrapunto a esto tampoco le suma a la gestión. En la madrugada de hoy, un grupo comando atacó una seccional de Glew, en Almirante Brown, donde se liberaron once detenidos, algunos de ellos con un prontuario “pesado”.

Sólo cuatro efectivos estaban a cargo de la custodia y el control de 29 personas privadas de su libertad. Ese es otro dato evidente donde los números no cierran y se responden desde el Estado “con la entereza” de siempre para encarar la crisis.

Yendo a un pasado no tan lejano el ataque al blindado en Panamericana, los secuestros extorsivos seguidos se muerte, el caso Píparo y más salideras, todavía resuenan en los pasillos políticos y más enérgicamente en la escena social, siendo los habitantes de la provincia de Buenos Aires los que sufren directamente la problemática.

Ahora el ojo está clavado en intentar prevenir en el delito en los municipios de la costa, siempre focos de conflicto no sólo del delito menor sino también del que acumula un destino político. “Tirar” un muerto sería en la jerga.

Hoy por hoy, ese escenario aterra a cualquier mando gubernamental, tal es el caso que la Nación le replica a la policía de la Provincia por los cuales cuatro Gendarmes baleados en Lanús. En este marco, el asesinato de José Luis Cabezas, en medio de las denuncias a la Bonaerense, es un evidente indicador de un crimen con un destinatario político.

El paraguas se despliega pero los parches se desvanecen ante una radiografía social que cuenta hechos y víctimas pero no recibe soluciones, que cuenta con destinatarios pero no con responsabilidades.