El texto definitivo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se conocerá dentro de un mes. El portavoz Gerry Rice acordó los plazos este jueves. Dijo que será "lo más rápido posible".

Las señales indican que hay un entendimiento para redactar el acuerdo pero la letra chica está en pleno desarrollo y se escribe entre Washington y Buenos Aires. Todavía no se sabe cómo hará la Argentina para cumplir las metas pactadas: si será con cambios tributarios o solamente con un ajuste programado.

En esa tensión el Gobierno lanzó otra señal del ajuste que se viene y anunció el interés de transferirle a la Ciudad de Buenos Aires los subsidios estatales de las 32 líneas de colectivos porteñas. Con la movida, la Casa Rosada puso en marcha la primera batallla presupuestaria vinculada al pacto con el Fondo y pateó un hormiguero.

"Es una muestra más de los embates del Gobierno nacional contra la Ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando en la Corte Suprema de Justicia", dijo el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta para anticipar que la pelea por una caja de 14.600 millones de pesos al año no será fácil.

Con esa pulseada se reeditará el tironeo que protagonizaron en 2012 Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Ambos transitaban un segundo mandato. Ella como presidenta y él como jefe de Gobierno porteño. La negociación tuvo a Rodriguez Larreta como jefe de Gabinete de Macri. Ahora, mientras transita su segundo mandato, deberá prepararse para administrar una variable difícil que ya le tocó manejar desde 2013: hacerse cargo de los subsidios públicos a la tarifa y tener la potestad de definir los aumentos del boleto. Una medida de alto impacto en la población con una variable muy sensible, que habitualmente genera costos polítcos y moldea el humor social de millones de pasajeros por día.

En términos legales se trata de un cambio que la Ciudad viene esquivando desde que fue sancionada la ley 26.740 en 2012, porque la norma define que el gobierno porteño tiene que "ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de pasajeros, a nivel subterráneos y premetro; de transporte automotor y de tranvía cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Según cifras del Ministerio de Trasporte, antes de la pandemia la administración porteña financiaba el 81% del funcionamiento y en 2021 pasó a afrontar el 44% del total, cuando el compromiso era un confinanciamiento compartido al 50%.

La cifra ahora forma parte de una parte del paquete de subsidios estatales que el Gobierno buscará recortar para cumplir con el objetivo del Fondo de bajar drásticamente esa partida federal. El cambio implicará dos alternativas: que la disminución sea afrontada con fondos de la Ciudad o que sea pagada por el bolsillo de los usuarios con futuros aumentos.

Subsidios al transporte: ¿quién se hará cargo del ajuste?

Ahí radica la mayor tensión: quién se hará cargo del ajuste que eso implica y que golpea directamente la economía doméstica de millones. Rodríguez Larreta se victimizó y sumó el recorte a las diferencias que tiene con la Nación, pero mandó a su flamante ministro de Gobierno, Jorge Macri, a que ponga la cara para anticipar el costado más indigerible de la pulseada.

"Hasta ahora, ese tipo de camino se recorrió en conjunto, buscando acuerdos, con esfuerzos compartidos donde la Ciudad ponía una parte y la Nación otra, pero, aparentemente, acá cambió ese tono y ellos decidieron que en la Ciudad se aumenten las tarifas. Podría más que duplicarse el costo del boleto de colectivo por decisión del gobierno nacional", lanzó el exintendente de Vicente López en su estreno como vocero político del larretismo.

En el Gobierno consideran que Macri es parte de un plan de reducción de daños. "Están abriendo el paraguas sobre una cuestión que no están dispuestos a absorber. Con 22 gobernadores que nos plantean la asimetría en las tarifas, ¿esto es un embate o es ir en la búsqueda de un país federal?", terció el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

En otro recurso defensivo Rodríguez Larreta aseguro que la Nación le transfiere 80.000 millones de anuales para subsidiar el transporte bonaerense. Le contestó el titular de la cartera provincial, Jorge D'Onofrio.

"Esto surge del Pacto Fiscal de 2018, que había convocado Macri cuando era Presidente y que Rodríguez Larreta firmó. Se está planteando que estemos todos en pie de igualdad. No entiendo de dónde sale el planteo de querer dañarlo. Es falsa la premisa de que si se retira esa parte de subsidios, la tarifa aumenta", aseguró el funcionario y redobló: "Hay inequidad absoluta entre la Ciudad y el segundo y tercer cordón" del conurbano

"Le están sobrando unidades a la Ciudad: pasan colectivos con seis o siete personas, pero en la estación de Moreno se ven filas larguísimas. Hay que redistribuir el esfuerzo", reclamó.

El tironeo que arrancó con el anuncio, continuará con una mesa de negociación que implicará una ley de la Legislatura Porteña para ordenar la transferencia. Rodriguez Larreta todavía espera el fallo de la Corte sobre la quita de un punto porcentual de coparticipación para la Ciudad en 2020. La decisión revirtió un aumento dispuesto por Macri en 2016 para transferirle las 53 comisarías de la Policía Federal. El caso sigue abierto y el máximo tribunal no tiene plazos para expedirse.

En el Gobierno no creen que la transferencia se judicialice, pero ya respiran satisfechos por los primeros pasos de la movida. Impactaron el gobierno porteño con la fuerza que la Casa Rosada le quiere imprimir a la negociación con el Fondo. En esa carrera, el anunció sonó más fuerte en las oficinas del Fondo en Washington que en las finanzas de la administración larretista.