La pelea entre el Gobierno y Techint sumó ayer un nuevo capítulo. Esta vez, fue el Ministerio de Industria quien decidió no prorrogar un beneficio clave para los negocios de Siderar, la firma de Paolo Rocca, en la que el oficialismo reclama designar directores por el Estado.
La decisión oficial se sumó a otras dos noticias negativas para Techint. Una fue la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de abrir un sumario contra la firma y todos sus directores hasta 2010, entre ellos, el ex representante oficial y actual embajador Aldo Ferrer. En segundo lugar, un fiscal federal recomendó transferir una denuncia en contra de Siderar a los tribunales penales económicos, habilitados para ampliar la acusación (ver aparte).
El revés contra Siderar en Industria abarca un insumo clave en ciertos mercados: las chapas laminadas en caliente, utilizadas por la industria automotriz, naval y maquinaria agrícola, entre otras. Estos productos, si no cumplen con un “compromiso de precios”, pagan desde 1999 impuestos de entre 122% y 148%, por lo que se conoce como “margen de dumping”, cuyo objetivo es el de proteger la industria local. Las trabas aduaneras comenzaron ese año, se renovaron en 2006 y estaban vigentes hasta el lunes próximo.
Siderar presentó el 2 de marzo el pedido de apertura de investigación por renovación por otros cinco años adicionales, pero la Secretaría de Industria declaró “improcedente” el pedido, en la resolución 204/2011 con fecha del 30 de mayo, firmada por Eduardo Bianchi, todavía no publicada en el Boletín Oficial, informaron fuentes oficiales. Fuentes del sector acusaron a Industria de “desconocer informes técnicos que decían que había que renovar tales licencias”, aunque el Ministerio de Industria sostuvo a PERFIL que los informes determinaron que “no existen elementos suficientes” para renovar la medida, y que no existen elementos para “presumir que se recrearían la práctica de dumping y la consiguiente amenaza de daño a la industria nacional”.
Abren otra investigación
Siderar y sus directores hasta 2010 serán investigados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que resolvió “instruir sumario” por presunta infracción a la Ley de Sociedades. La investigación se suma a la que reclamó hace una semana el fiscal federal Guillermo Marijuan y a otras tres causas que inicio la Anses contra la compañía, entre otras cosas por negar participación en el directorio al Estado –que tiene el 26% de la empresa– y no informar sobre su política de dividendos. A cargo del sumario está el vicepresidente de la CNV, Hernán Fardi, quien convocó a una audiencia el 24 de agosto, a las 11. Entre los investigados, están los directores Daniel Novegil y Martín Berardi, muy cercanos al presidente de Techint, Paolo Rocca
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