El diputado Fernando “Pino” Solanas participó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña de una charla-debate sobre la defensa del espacio público, junto a los diputados porteños Alejandro Bodart y Rocío Sánchez Andía; Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad, y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

“El peor crimen que puede cometer un funcionario público es hacer negocios privados con bienes que son de todos los ciudadanos”, sentenció Solanas, y agregó que “el pacto entre el PRO y el kirchnerismo en la Ciudad representa un proyecto de entrega de bienes públicos cuyo único fin es concretar una serie de negociados que favorecen a los grupos económicos amigos”.

El abogado Enrique Viale manifestó que "las corporaciones codician las tierras publicas. En la Ciudad se realizó una de las mayores entregas de terrenos públicos desde la llegada de la democracia. Por suerte, gracias a las manifestaciones de las asambleas ciudadanas este hecho no pasó inadvertido".

Muñiz denunció que "el pacto PRO-Kirchnerista prioriza el espacio público con visión comercial en detrimento de las acciones sociales. La ciudad necesita más escuelas, centros de salud y de atención social".

Sánchez Andía explicó "el pobre desarrollo de las políticas sociales de los dos gobiernos", y que "tiene como resultado la creación de megaplanes que buscan privatizar la Ciudad, sin derecho a la salud, ni a una vivienda digna".

Por su parte, Bodart manifestó que “la defensa de todo lo público está entre los temas básicos de una alternativa unitaria para disputar contra los dos gobiernos. El espacio publico esta al servicio de grupos económicos que deterioran la calidad de vida siete millones de habitantes y un gobierno que no da respuesta a la falta de 100 mil viviendas".

Al concluir la charla, Solanas denunció que “en conjunto, el macrismo y el Gobierno Nacional impulsan leyes a espaldas de los vecinos, y en contra de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto Sur se planta frente a este criminal acuerdo PRO-K de remate y entrega de la Isla Demarchi, de los negociados inmobiliarios con terrenos ferroviarios, del tarifazo de los subterráneos y el abandono de los ferrocarriles, de todos los negocios que se realicen con bienes que pertenecen a la ciudadanía”.