Tras el malestar de productores y entidades rurales de base con la dirigencia rural nacional por el anuncio del nuevo esquema para exportar carne y el pase al Gobierno del economista de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, dos entidades rurales anunciaron su retiro del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Se trata de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y CRA que, en dos comunicaciones públicas, dijeron que dejaban de participar de la entidad que agrupa a más de 60 cámaras del agro –entre exportadores, bolsas, economías regionales, acopiadores y frigoríficos, entre otros- que promueve una ley para fomentar la agroindustria.

“Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores” dijo Nicolás Pino, presidente de la SRA.

En tanto, CRA expresó: “habiendo analizado los hechos transcurridos y las medidas anunciadas en los últimos 18 meses por parte del Gobierno, algunas de ellas siendo tratadas previamente con representantes del CAA, entendemos que los perjuicios que recayeron sobre los productores representados legítimamente por nuestra entidad ameritan que nos desvinculemos de dicho Consejo”.

En concreto, CRA hizo referencia a que seguirán “las restricciones a las exportaciones de cortes de carne vacuna hasta 2023, a contramano de los propósitos de la creación del CAA”.

El CAA elaboró una propuesta, que luego fue convertida en proyecto de ley por el Gobierno, para incrementar las exportaciones totales de US$65.000 a US$100.000 millones y generar unos 700.000 puestos de trabajo en la agroindustria con un régimen de estabilidad fiscal por diez años e incentivos impositivos para la actividad.

La iniciativa, que podría ser tratada este año en el Congreso, recibió el respaldo no solo del presidente Alberto Fernández sino también de la vicepresidenta Cristina Kirchner y diversos dirigentes de la oposición.

Más allá de la iniciativa, en 2021 el Gobierno privilegió el diálogo con el CAA en vez de hacerlo con la Mesa de Enlace, porque le planteaba escenarios menos conflictivos que los ruralistas.

En el comunicado, CRA recordó que acompañó la iniciativa del CAA, pero que, como entidad, habían “remarcado los desequilibrios internos entre los actores de las cadenas con una exigua participación de los productores, lo cual impedía la necesaria creación de confianza”.

A su vez, expresó que “las pocas medidas tomadas en relación al CAA, han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria. Frente a la realidad, las bases confederadas venían solicitando hace meses el alejamiento, para evitar avalar con nuestra participación medidas a nivel de gobierno que solo sirven para otorgar prebendas y privilegios a otros intereses sectoriales, y que perjudican a los productores”.

Aunque el comunicado no lo menciona, el malestar se originaba por la regulación de los mercados de granos, específicamente con el maíz y el trigo. Ambos cultivos, ahora están sujetos a un régimen de “volumen de equilibrio”, por el cual periódicamente se fijará un tope a las exportaciones de ambos cereales para no afectar la demanda interna. Para los productores eso elimina la competencia entre los actores del mercado y deprime el precio que perciben por los granos.