La historia se remonta a 2014 y con apelaciones mediante ante la Justicia, se frenó el 30 de abril. Ese fue el último día que la causa por  el juicio iniciado a Ketsal-Kilwer, una sociedad petrolera de Vila-Manzano, por desistir del área Río Atuel pese a habérsela adjudicado con una promesa de inversión de u$s 86,3 millones en 2008.

Pero a pesar de tener argumentos a favor, el Gobierno mendocino no avanza al ritmo de su urgencia financiera para que la firma, hoy asociada a YPF, efectivice a la Provincia una multa actualizada de casi u$s1 millón.

La causa “Provincia contra Ketsal por cobro de pesos” es la carátula del expediente 250833 radicado en el 21 Juzgado Civil de la provincia desde 2014 por más de u$s 870 mil, equivalente al 1% de garantía de oferta. A casi 4 meses del último movimiento del caso,   Ketsal aparece como beneficiaria junto a YPF de una quita del 23 a 18% de regalías como un “incentivo” para explotar Chachahuén, el área top que tiene Mendoza.

Según explicaron desde el juzgado cuya titular es Silvana Márquez Morosini, “hubo ampliación de la demanda que la demandada respondió. Para dictar la sentencia las partes deben terminar de sustanciar pruebas”.

El 30 de abril ingresó una respuesta de Ketsal en busca de dilatar los tiempos del juicio; desde entonces el Gobierno no instruyó más trámites. Antes, habían pasado casi 3 meses desde la notificación a la empresa, dentro de la causa iniciada en julio de 2014.

Desde Asesoría de Gobierno aseguran que no hay más documentos por sumar que el acta certificada por el rscribano general con el desestimiento, ya integrada al expediente como prueba. Y que, más allá de ejecutar la póliza de caución, la jueza Márquez tendría suficiente para dictar sentencia.

Pero, en materia de decisiones del Ejecutivo ¿el orden de los factores altera el producto? ¿Antes de aliviar la carga fiscal en otras áreas en manos de Ketsal para estimular la inversión debió haberse cobrado la multa por incumplir en Río Atuel? Desde el Ejecutivo justifican la situación, pero a la vez deslindan relación alguna con el “gesto” a favor de Vila y Manzano, socios de YPF con el 30% de Chachahuén.

“Está judicializado y en algún momento se va a cobrar.  El escenario para la actividad petrolera es distinto al de 2008. Pero, por otra parte, no podíamos dejar pasar la oportunidad de desarrollar un área y generar puestos de trabajo con una inversión global de 244 millones de dólares hasta fines de 2016. Es una cuestión de responsabilidad política: Chachauen Sur está a 20 kilómetros de Neuquén, donde YPF también puede “pinchar” y hallar crudo, señaló el director de Petróleo provincial, Pablo Ropero.

¿Chau 2015?

En referencia a los beneficios otorgados a Ketsal en UTE con YPF en materia de recorte de regalías e Ingresos Brutos, el funcionario enfatizó que “sería un error vincular ambos temas”. Aunque sin dejar de admitir que “tal vez se podría haber hecho algo más para cobrar” la millonaria multa pendiente a Ketsal por el incumplimiento registrado 6 años atrás con Río Atuel, una de las 7 áreas adjudicadas a Vila-Manzano durante el gobierno de Jaque. Varias de ellas terminaron convirtiéndose en un activo inmobiliario y con inversión 0.

Algo que embrolla más el entramado jurídico es el reclamo administrativo de la firma para que el Gobierno le permitiera compensar la multa con más inversión en otras áreas concesionadas. Pese al no del Ministerio de Energía, los apoderados de Ketsal insistieron con un recurso dirigido al gobernador Pérez.

“Si bien el petróleo se mueve con inversiones, consideramos que no correspondía por la naturaleza de la prestación”, argumentó al respecto Ropero. Mientras tanto, en los próximos días, la Asesoría de Gobierno irá contra la póliza de caución que se exige en toda licitación pública de activos para garantizar una oferta. Si, como argumenta la aseguradora, la póliza venció a los 3 meses de la adjudicación de Río Atuel, los abogados de la Provincia tendrán que volver a la carga contra Ketsal.

Para Dalmiro Garay,  uno de los profesionales patrocinantes, “es un proceso de cobro ordinario, en el que la respuesta de Ketsal plantea cosas sin sentido en busca de que la causa prescriba. De todos modos, habrá que esperar no menos de veinte días hábiles para la respuesta de la aseguradora respecto a la ejecución de la caución; cumplido ese paso será la apertura de pruebas, pero consideramos que la demandada no podría incluir más que una pericia contable para determinar el monto efectivo a pagar antes de la sentencia”.