La flamante Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creada este año tendrá más poder para espiar a los argentinos, según se desprende de la "Nueva doctrina de inteligencia nacional" que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

 

El documento de 408 páginas establece los lineamientos para las investigaciones y amplía el abanico de tareas que el organismo a cargo de Oscar Parrilli tendrá de ahora en adelante.

 

La nueva normativa establece que la AFI tendrá que prevenir cuatro tipos de delitos en el campo de la seguridad interior. El más llamativo es quizás el segundo punto, que establece que el organismo tendrá que trabajar para evitar "los atentados contra el orden institucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares (...) o grupos económicos y/o financieros".

 

En este último grupo son nombrados como posibles agresores las "empresas, bancos, compañías, financieras, etc." Que "lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etc.".

En numerosos discursos, la presidente Cristina Kirchner denunció a los mercados e incluso a sectores empresarios puntuales por haber intentado organizar corridas cambiarias o bancarias en contra de su gobierno. La duda ahora es si esos sectores ya comenzaron a ser investigados o podrían serlo en un futuro no muy lejano.

 

 

 

EMPRESAS, BANCOS, COMPAÑÍAS Y FINANCIERAS PODRÁN SER INVESTIGADAS

Los otros tres tipos de delitos que, según el documento, ponen en peligro la seguridad interior son "el terrorismo y sus diferentes manifestaciones"; la "criminalidad organizada" en forma de narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas y "las acciones que atenten contra la ciberseguridad".

La AFI también deberá encargarse de prevenir peligros para la defensa nacional, es decir "agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas", según establece el capítulo I de la "Nueva doctrina de inteligencia nacional".

Desde hace ya años, periodistas, dirigentes sociales, políticos de la oposición y hasta del oficialismo sospechan que sus teléfonos están o estuvieron intervenidos por la ex SIDE. Si bien la prohibición ya existía, la nueva normativa reitera que es "impropia y extraña a todo el Sistema de Inteligencia Nacional la producción de conocimientos de carácter político, institucional, social, económico, cultural o de cualquier otra índole que sean ajenos a las problemáticas defensivo miltares o problemáticas criminales de cualquier naturaleza, o que no tengan relación con estas".