SALTA.- Desde el lunes pasado, en la redacción del diario El Tribuno y la mesa chica del ex gobernador Juan Carlos Romero no se para de diagramar maniobras tendientes a corregir el rumbo de la estrategia que, desde hacía meses, llevaban en marcha y que tenían como único fin el nombramiento de un "operador” suyo en un cargo clave dentro de la Justicia.  

Que un hombre de su círculo se quede como fiscal ante la Corte, cargo que ahora está siendo concursado por el Consejo de la Magistratura, es considerado clave por Romero, quien por muchos años ha manejado la Justicia y la designación de jueces y fiscales a su antojo.  

El ex gobernador sabe que no podrá evadir por mucho tiempo más su presencia en la ciudad judicial para responder por causas penales, entre ellas la de La Ciénaga, que está más avanzada y -se da por descontado- sería el primer procesamiento que podría caerle al ex gobernador.  

El miedo de Romero gira en torno a la posibilidad remota -pero no descabellada- de que alguno los jueces se canse y pida su desafuero al Senado de la Nación por sus constantes desplantes y por el efecto Boudou, cuya situación penal puso en la vitrina a todos los senadores reñidos con la justicia por hechos de corrupción.   Romero, consciente de esta situación, inició hace meses una campaña demoledora contra el Consejo de la Magistratura, tomando como blanco preferido al procurador, Pablo López Viñals, a quien señala como autor de la persecución penal que aduce sufrir.  

Hace unas semanas, en otra etapa de su estrategia, Romero presentó la postulación del abogado Ricardo Casali Rey para el cargo de fiscal ante la Corte, como una apuesta del gobernador, Juan Manuel Urtubey. A la par, atacó a la abogada y secretaria de Asuntos Constitucionales de la Procuración, Patricia Di Paolo, como una colaboradora que López Viñals pretende para ese puesto.  

De esta manera, Romero pretendía apuntalar a su "candidato” como un hombre del uturbeycismo, cuando en realidad responde a sus intereses. La intención de que Casali Rey ocupe este cargo gira en torno al hecho de que el fiscal ante la Corte, en una futura apelación de su defensa por las causas penales en su contra, podría desestimar la acusación hacer caer todo el proceso judicial en contra del ex gobernador.  

Esta estrategia fue revelada el lunes pasado por Nuevodiario, el segundo diario de mayor tirada de la provincia, situación que generó un ataque de nervios dentro del romerismo, cuyos operadores principales salieron a tratar de restarle importancia a lo difundido.  

La reacción, sin embargo, fue peor que la misma nota que los dejó expuestos, pues los romeristas, como cuando le pegan al chancho para que aparezca el dueño, salieron desaforados a negar la maniobra de su jefe político.  

El primero en hacerlo fue Eduardo Romani, el presidente del Colegio de Abogados, quien, de la mano del periodista radial, Martín Grande, intentó negar cualquier relación con el ex gobernador, aunque nada dijo respecto a Romero, sus causas penales y Casali Rey.  

Otros, en tanto, hicieron sonar los teléfonos de la redacción del diario chiquito en busca de aclarar su relación con el romerismo, como el caso del ex senador nacional Agustín Pérez Alsina quien, sin embargo, no pudo negar haber firmado el compromiso de consenso político junto a Romero.  

El diario del ex gobernador, en tanto, intentó ensayar una vertiente para desviar la atención respecto a lo importante que es el cargo del fiscal en una futura apelación de Romero. El Tribuno insistió en que Casali Rey es un candidato de Urtubey, quien nada dijo al respecto.  

De esta manera, quedó en evidencia que "Corvacho” es una postulación alentada por el propio Romero, quien buscó en este ex fiscal de Estado la figura ideal para engañar a los integrantes del Consejo de la Magistratura.

¿Quién es Casali Rey?    

El nuevo alfil de Romero fue fiscal de Estado hasta 2011, cuando decidió ‘renunciar’ por  "razones personales” según dijo, aunque en realidad se sabe que sus voces interiores ‘lo llamaron a apartarse’ de la función pública por su extremo conservadurismo.  

Esta postura de quietud le impidió firmar el decreto del gobernador para otorgar la identidad en los DNI  a las mujeres transexuales de Salta, un pedido expreso de Urtubey. A esto se suman otras falencias, entre ellas la pasividad de Casali Rey frente a las causas penales de La Ciénaga y el Hangar, donde la provincia se vio seriamente afectada, sin que "Corvacho” hiciera nada para defender los intereses de los salteños.