Se trata de la aceptación o el rechazo que deberá realizar la Legislatura sobre los vetos parciales a dos leyes de paritarias para empleados públicos, que a fines del año pasado fueron observadas por el gobernador Ricardo Colombi.

Con tres “ausentes con aviso” -Noel Breard (UCR bloque Alem), Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes) y Rubén Bassi (PJ)- los senadores presentes fueron expeditivos sobre las dos normas que pretenden regular la negociación colectiva para docentes en particular y para el resto de agentes estatales.

Se trata de 74.200 empleados públicos: 70.000 dependientes del Ejecutivo, 2.000 del Legislativo y 2.200 del Judicial, que buscan negociar salarios en igualdad de condiciones legales con el Estado.

Ayer los diez senadores presentes, sin hesitar, aprobaron el giro de los dos expedientes espinosos para el actual Gobierno a una sola comisión: la de Legislación y Asuntos Constitucionales que está compuesta con mayoría oficialista. Está presidida por un aliado parlamentario del Ejecutivo, Eduardo Simonetti del PANU; le siguen el ultraricardista Sergio Flinta (UCR), Vicente Picó (UCR) que ahora comulga con el Gobierno; Lucía Portela del Partido Liberal que también es aliada del Ejecutivo. El único opositor es Jorge Barrionuevo del Partido Justicialista.

En este contexto, Barrionuevo es el único canal que tendrán los gremios estatales en esta comisión para lograr un dictamen (en minoría) rechazando los vetos que el Mandatario le impuso a las leyes laborales.

“Hoy (por ayer) cumplimos con la rutina pertinente en lo que respecta a vetos. Veremos qué pasa en la comisión”, le dijo Barrionuevo a época tras la sesión del mediodía. Recordó que el año pasado ambas leyes fueron votadas favorablemente por todos sus pares. “Veremos si ahora se insiste en el texto original de la ley, o se le hace algún cambio que se proponen con los vetos”, agregó.

Ahora las normas observadas podrían seguir dos caminos: dormir el sueño de los justos en algún cajón. O tener dos despachos, uno de mayoría de acuerdo a las pretensiones del Gobierno; y uno de minoría que proponga rechazar los vetos para el que necesitará los dos tercios de los votos positivos de los integrantes de la Cámara.

El rechazo

Todos los gremios de empleados públicos, más de 20, tienen cifradas expectativas en estas leyes. Se trata de un histórico reclamo del arco sindical estatal que busca tener una ley que establezca reglas claras y equitativas para las negociaciones salariales con el Estado. Actualmente los aumentos y las concesiones laborales dependen únicamente de la voluntad política de las administraciones de turno.

En diciembre de 2010 los vetos pusieron en alerta a todo el arco gremial, que salieron a criticar la medida que tomó el Gobernador.

El expediente Nº 3327/10 de paritarias docentes fue “observado” en sus artículos 13 y 31 por el Gobernador; a pesar de que los legisladores oficialistas y sus aliados parlamentarios lo habían aprobado tanto en Diputados como en Senadores.

Mientras que el expediente Nº3328/10 de paritarias para trabajadores estatales sufrió varias observaciones conceptuales en sus artículos 1, 2, 4, 7, 19 y 50. Y al igual que el primero, también fue votado positivamente por el oficialismo y la oposición.

Una de las incorporaciones que ahora propone el Ejecutivo en la norma es que los gremios no puedan hacer paros o huelgas mientras mantienen negociaciones salariales o laborales.