La Justicia incluso confirmó la cuasi cómica situación que llevó a más de veinte ex funcionarios menemistas al borde del juicio oral. Además, tanto para el juez a cargo de la causa, Marcelo Martínez Di Giorgi, como para el fiscal, Menem instrumentó un “sistema de sustracción de fondos reservados” destinados a Defensa y Seguridad, ya que estas partidas se manejaban con un régimen especial que “dificultaba el control estatal, pues permitía la disposición del dinero en efectivo”, a diferencia del resto de las partidas presupuestarias.

El fiscal pidió que se eleve a juicio oral a Menem, los ex ministros Domingo Cavallo (Economía), Raúl Granillo Ocampo (Justicia) y Oscar Camillón (Defensa), así como a la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, pero también incluyó a funcionarios de segundas y terceras líneas, a los que pagaron, retiraron y cobraron sobresueldos durante esos años, como José Torzillo, Heliberto Baeza González o el caso de Raúl Alberto Castellini, imputado por haber “retirado mensualmente de la oficina del señor Rodolfo Alberto Aiello, ubicada en la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre febrero y diciembre de 1999, distintas sumas de dinero provenientes de partidas asignadas por la Ley de Presupuesto a gastos reservados y luego haberlas distribuido para su sustracción a los funcionarios de más alta jerarquía de la Secretaría de Recursos Naturales de la Presidencia”. Quedó asentado que los sobresueldos se distribuían desde la Jefatura de Gabinete.

Consejero. De aprobarse el pedido de la fiscalía, los ex funcionarios irían a juicio oral por seguir los consejos del ex ministro Cavallo. De acuerdo con la fiscalía, en una reunión de gabinete realizada entre fines de 1992 y principios de 1993, el ex superministro “impartió precisas directivas” a sus pares y en presencia de Menem, para que consignen las sumas de dinero que recibían como sobresueldos en sus declaraciones de ingresos ante la AFIP. Cavallo quería que quedara claro que esos “montos tenían una finalidad salarial compensatoria” y que no eran ilícitos. Todos los que siguieron su consejo están procesados por la Justicia, ya que haber reconocido los sobresueldos en declaraciones de bienes constituye una de las pruebas centrales de la investigación. Uno de los que obedecieron fue Schiaretti, entonces secretario de su cartera.

Un año después, Cavallo logró que el ex presidente decretara una suba de sueldos a los funcionarios de alto rango del Ejecutivo y la asignación de un importe mensual, equivalente al sueldo, en concepto de “reintegros de gastos protocolares” de los que los funcionarios no debían rendir cuenta. Así, “blanqueaban” los sobresueldos. Al ex ministro le imputan sobresueldos por un total de 220 mil pesos, entre 1991 y 1993.