Anualmente, el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes elabora una Memoria que es remitida al Poder Ejecutivo y al Legislativo de conformidad con los preceptos Constitucionales, con el fin de poner en su conocimiento la actividad desarrollada tanto en el ámbito administrativo, como en el estrictamente jurisdiccional. El documento da cuenta también de los objetivos que no pudieron ser alcanzados y las razones que motivaron su impedimento.

La política diseñada por la actual integración del Superior Tribunal se asienta sobre tres aspectos entendidos como base para el crecimiento del mismo y el desarrollo del nuevo concepto con que debe ser apreciado en su diagrama institucional. Esos aspectos son la infraestructura edilicia, la informatización y los recursos humanos.

En relación a la Infraestructura Edilicia -y dentro del esquema presupuestario expuesto- se trabajó para consolidar lo que se ha venido realizando e incluso avanzar de modo tal que ya en la ciudad de Corrientes no existe dependencia judicial que no esté instalada en un inmueble propio. En la Capital, se han dejado de lado los edificios alquilados con la seguridad que ello implica en todo sentido. El mismo objetivo se tiene para el interior de la Provincia pudiendo ser apreciado este lineamiento con los Juzgados de Paz de distintas localidades, y sedes como Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Mercedes, Ituzaingó.

Se efectuaron obras de infraestructura nuevas en materia edilicia, se continuaron con las iniciadas, dotando a Magistrados, Funcionarios y Agentes de las condiciones de seguridad y comodidad absolutamente necesarias para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. La Dirección de Arquitectura realizó un gran esfuerzo para posibilitar el funcionamiento parcial de la estructura que corresponde al Fuero Contencioso Administrativo, hecho que había sido postergado en junio pasado por no contarse con presupuesto mínimo como para ello.

En materia de Informática se integró judicialmente a la Provincia, desarrollándose a lo largo de 2010 tareas vinculadas con la implantación de programas y sistemas que tiendan a consolidarlo. Apoyados en la macroestructura, estos permitirán la evolución constante que esta área demanda, puesto que en esta materia ya no hay retorno posible. Además, se continuó con la transferencia de tecnología y capacitación para soporte a usuarios con el propósito de obtener los mejores réditos a las bondades que presenta el Iurix.

En Recursos Humanos, en tanto, se consiguió aumentar la dotación en cuanto a funcionarios y agentes administrativos y de maestranza, dando así respuestas mínimas a las requisitorias de las distintas dependencias judiciales. Pudo también implementarse el proyecto de redistribución de cargos administrativos, y se efectivizaron más de mil movimientos escalafonarios, lo cual representa esto una mejora salarial para más de 700 agentes. Esta actividad se llevó adelante mediante la realización de concursos, lo que también demandó erogaciones que se cubrieron, en algunos casos, postergando proyectos que se entendieron de menor urgencia.

La deuda más grande estuvo en la imposibilidad de cumplir con la puesta en funcionamiento de dependencias que, creadas por ley, no cuentan todavía con los recursos necesarios como para funcionar. Ello impidió la incorporación de recursos humanos en la medida que hubiera sido deseable. La Justicia trabajó en base a un cálculo de recursos prorrogado, con refuerzos de partidas que se obtuvieron en el segundo semestre, permitiendo esto último cerrar el ejercicio en forma ordenada.

En este punto, la falta de recursos es la principal causa, aunque desde la Corte provincial destacan la relación institucional con los otros dos poderes.