La infraestructura se está restaurando, pero el gobierno de Michelle Bachelet ha estado menos que firme. A pesar de las advertencias de escasez de comida y agua horas después del terremoto, no fue hasta la tarde del domingo que declaró el estado de catástrofe, poniendo a las fuerzas armadas bajo mando civil. Para entonces, la televisión ya mostraba escenas de los saqueos de padres desesperados y oportunistas junto a imágenes de carabineros lanzando bombas lacrimógenas en respuesta.

En un país donde el Ejército tiene un pasado oscuro, Francisco Vidal, el ministro de Defensa, tuvo dificultades para responder a las preocupaciones sobre cómo se desplegarían las fuerzas armadas. Los temas sensibles incluyen el uso de soldados para la aplicación de la ley, o un toque de queda a las 21 horas cuando la gente ha perdido sus casas o teme réplicas.

Piñera ahora enfrenta una prueba para su presidencia incluso antes de asumir el cargo. Perversamente, el desastre le facilita la tarea de cumplir su compromiso de elevar el crecimiento a 6%. Tristemente, no faltan proyectos de construcción tras los terremotos.

Su mayor desafío es político. Piñera –el primer presidente de derecha elegido desde la dictadura de Augusto Pinochet– representa a grupos aún vistos con suspicacia por muchos chilenos. Si su manejo de la reconstrucción fuera percibido como favoreciendo esos intereses o como dejando atrás a los más afectados, arriesga reabrir fisuras aún profundas en el cuerpo político chileno. Los terremotos pueden ser actos de Dios, pero también son siempre eventos políticos.