A pesar de que la resolución 24000-151/16 aseguró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires alquilaba La Horqueta, ubicado en el centro de La Plata, para utilizarlo como oficina, nunca tuvo un fin específico. En el mejor momento, fue un depósito de materiales de descarte de campañas electorales pasadas y un rejunte de sillas, mesas y muebles que un proveedor amigo entregó sin siquiera contar con la orden de compra, que luego habría cobrado con un suculento sobreprecio.

La Horqueta, el elegante edificio de la calle 7 que fuera la sede de un gimnasio propiedad de la ex mujer del abogado Fernando Burlando, fue la vedette del negociado inmobiliario y la luz de los ojos de Magdalena Acuña, en los primeros meses de existencia de la ahora polémica subsecretaría para la Modernización del Estado.

Cuando la premisa era “Conquistando PBA”, la coqueta propiedad fue vislumbrada por Acuñacomo el lugar en el que instalaría su comando.

 

En contra de la operación inmobiliaria estaban las pretensiones monetarias de la propietaria, que se topaban con la ley de Administración Financiera de la provincia de Buenos Aires. Pero en la Argentina, todo tiene solución. A través de un texto exprés de la famosa ley 14.815 de Emergencia Económica y Administrativa, se incluyeron pícaras maniobras para esconder contratos de locación que desafiaban la lógica. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el famoso convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través del cual se procedió a una contratación masiva de militantes porteños en el ministerio de Coordinación y Gestión Pública, especialmente en la subsecretaría de Modernización de Acuña.

En aquel entonces, integrantes de la dirección General de Administración a cargo de María Andrea Peralta decidieron advertir sobre la insólita situación, pero resultaron amenazados por grupos de poder vinculados a una escribanía platense actualmente denunciada, insistiendo en alquilar el inmueble. Finalmente, para no quedar involucrados, los empleados de Peraltaexplicitaron que la locación era responsabilidad de los funcionarios.  

Otro tema a dilucidar fue cómo evitar los controles del Honorable Tribunal de Cuentas. Para ello, se habría contado con la ayuda de Melania Casas, auditora del organismo que se habría hecho conocida por otorgar flexibilidades en sus funciones, a cambio de los incentivos desconocidos.

A través de todo este oscuro entramado se terminó tejiendo el expediente número 24000-151/16, que brindó el soporte administrativo al negocio, que comprometió varios ejercicios presupuestarios para un edificio que nunca fue utilizado para la finalidad descripta en el expediente. De hecho, en diciembre de 2016 el ministerio de Gigante fue disuelto, y Magdalena Acuña, cuya oficina estaba instalada en la calle 48 entre 1 y 2, nunca puso un pie en La Horqueta.

Parte del entramado también fue llevado a cabo por el joven subsecretario de Coordinación Administrativa José María Grippo, quien forma parte de La Generación, un grupo de jóvenes funcionarios que hoy por hoy se denuncian en secreto entregando información a los medios con el objetivo de boicotearse entre ellos. Acorde a la propia denuncia de los jóvenes, se le advirtió a Grippo que tenía que sostener el alquiler hasta el 2018 inclusive y así sucedió.

Grippo pertenece al riñón de María Fernanda Inza, la misma que actualmente se encuentra procesada por ser una de las responsables de la causa de los aportantes truchos en las elecciones legislativas de 2017. Así, lejos de cambiar el esquema de corrupción que imperó en la provincia durante las últimas décadas, un puñado de pícaros funcionarios bonaerenses se sirven de él para llevar adelante un negociado inmobiliario con el estado.