La llegada de Alejandro Granados al Ministerio de Seguridad puso al descubierto que las políticas en esa área habían sido un fracaso. Para vigorizar la preocupación e impulsar el trabajo en la materia, Daniel Scioli apuntó como primera medida a reflotar el Consejo de Seguridad, que se había reunido sólo dos veces, la última en diciembre de 2010.

Las principales expresiones y medidas de gobierno se desprendieron de ese cónclave, que contó con la participación de legisladores oficialistas y opositores. Y las contradicciones entre lo sostenidos por el gobernador y el flamante ministro se sirvieron con la merienda de la reunión.

La irrupción del hombre de Ezeiza en el Gabinete bonaerense ya había dejado entrever la primera diferencia con Daniel Scioli. Mientras el mandatario provincial apunta a desarmar a la población, Granados llama a armase para enfrentar al delito.

Ahora, el ministro dejó en claro cuántos son los efectivos que custodian la Provincia. El gobernador había llegado a hablar, cuando puso en funciones a Granados, de 60 mil efectivos a disposición de la seguridad de los bonaerenses. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad el ministro corrigió el número y aseguró que, de los 55 mil efectivos que integran la fuerza, sólo 32 mil están afectados a tareas de prevención del delito.

De los uniformados restantes, unos 8 mil tienen licencias médicas, mientras que otros 10 mil realizan tareas administrativas o custodias de objetivos fijos. Los datos aportados por el titular de Seguridad evidencian que en la Provincia hay un policía por cada dos mil habitantes.

Tras este panorama, Granados lanzó su plan de acción. Delineó que la Provincia necesita 100 mil agentes y que proyecta alcanzar la cifra en dos años. Como si se tratara de un examen de matemáticas, el funcionario explicó que espera que egresen por año de las escuelas descentralizadas de formación policial unos 5.000 cadetes.

Por otro lado, señaló que, en el marco de un convenio con la Nación, 10.000 efectivos de fuerzas federales se sumarían para combatir el delito en la Provincia. Pero como con esta cifra no alcanza, Granados convocaría a 10 mil retirados y la promovida Policía Municipal podría reclutar entre 12 y 15 mil hombres.

Además, el ezeizenze prevé que unos 500 efectivos que realizan tareas administrativas en la sede ministerial se sumen a los patrullaje, quienes serían reemplazados con parte de los 10 mil retirados que se reincorporarían a la fuerza provincial.

La otra línea de acción es motorizar la creación de la Policía Municipal, el caballito de batalla del massismo y que el oficialismo se ha mostrado reticente a tratar en la Legislatura. Granados se declaró "hincha fanático de las policías locales" y para argumentarlo recordó que su esposa, Dulce Granados, había presentado uno de los primeros pliegos en ese sentido, en el 2008.

Granados sostuvo que "los primeros responsables de la seguridad son los intendentes, son quienes más cerca del vecino están y tienen que ponerse al frente". Asimismo, mencionó la necesidad de realizar "una descentralización de verdad" de la Provincia y resaltó, para respaldar la propuesta, que "tienen un intendente al frente del Ministerio de Seguridad".

El viraje del discurso sobre este tema quedó expuesto en la mesa de reuniones. El ministro entiende que tiene que haber una Policía Municipal, administrada y gerenciada por los intendentes, expresiones que lo ubican en la vereda de enfrente de su antecesor Ricardo Casal y del propio gobernador, que pugnan por una fuerza que dependa del Ejecutivo.

A esto hay que sumarle que Alberto Pérez, jefe de Gabinete, se comprometió tras un encuentro con el titular de Seguridad en trabajar en la búsqueda de “consensos” legislativos que permitan “una rápida sanción de la Ley de policías locales”.

Alejandro Granados ha tomado parte en el escenario político de forma abrupta. En menos de 15 días no sólo se ha mostrado abierto a trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas para enfrentar uno de los problemas más demandados por la población, sino que no ha tenido reparo en cuidar la línea política con quien lo ha designado.