Los abogados defensores de tato romero feris, Isidoro Sassón y José María Arrieta, utilizaron los alegatos como una tribuna política y no tuvieron inconvenientes en atacar la memoria de dos muertos, con tal de intentar desacreditar los instrumentos judiciales. Abundante "pasión naranja" y cero estrategia jurídica.
Arrieta, el más "pasional desequilibrado" habló para la "tribuna naranja" y sin tapujos "se ocupó de la memoria del extinto Mario Payes", olvidándose por momentos que estaba en un Tribunal Judicial.
Peligrosamente Sassón comparó un ejemplo que podría considerarse una amenaza, al sostener que "el expediente judicial carece de sustento legal". "Lo mismo podría -dijo-, y con todo el respeto que se merecen los señores miembros del excelentísimo tribunal ocurrir si este expediente en alzada se comprueba que está mal. Yo podría denunciar a este tribunal y pedir su juicio político", sostuvo.
La amenaza fue un elemento más que utilizaron como recurso, ante los contundentes e irrefutables documentos y los testimonios esgrimidos durante los días de juicio, que en vez de eximir incriminaron más a su cliente.
Ni la defensa de tato, ni la de la imputada Ortega, pudieron rebatir los expedientes obrantes en la causa y como si fuera poco la inspección ocular en el complejo Santa Catalina solo sirvió para avalar la acusación, respecto a los gastos que allí se hicieron para refaccionar el complejo en 1999.
Arrieta, preso de su histeria, "trató de brutos e ignorantes" a cada uno de los jueces y fiscales, y con eso se ganó "la complacencia de su patrón tato" y la "euforia de los simpatizantes naranjas", quienes coparon el recinto judicial.
La conducta agresiva de Isidoro Sassón podría justificarse en la relación de parentesco -es cuñado-, que tiene con Gustavo González alias "japonés, quien además es miembro "de la banda delictiva de romero feris" y en la actualidad cuenta también con numerosos procesos judiciales en marcha.
El 13 de junio pasado ‘Tato‘ y ‘Lucy‘ comenzaron a ser juzgados como ‘coautores de peculado‘ por irregularidades y malversación de 420.527 pesos/dólares. Para la fiscalía y la querella, las obras en Santa Catalina no sólo no se realizaron si no que, además, se habrían rendido con facturas apócrifas.
La denuncia que originó la causa judicial fue efectuada el 26 de julio de 1999 por el ex comisionado interventor de Capital Juan Carlos Zubieta, quien accedió al cargo en el gobierno de coalición tras la caída de la administración del Partido Nuevo tanto a nivel provincial (el gobernador era Pedro Braillard Poccard) como el municipal (Romero Feris era el intendente).
Con el actual juicio, es la cuarta vez que el ex gobernador de Corrientes y ex intendente de Capital se sienta en el banquillo para ser juzgado por supuestos actos de corrupción cometidos contra el Estado durante sus períodos como mandatario.
La causa llegó a juicio en noviembre de 2009 pero luego de la primera audiencia se suspendió el proceso. Un año y medio después se resolvieron los incidentes que planteó la defensa de Romero Feris y se retomó el juicio.
La próxima jornada de debate será el martes 13 de septiembre. Se espera que luego de un par de sesiones, los magistrados emitan su veredicto.
El martes a las 8 los imputados tendrán la posibilidad de "la última palabra" antes que el Tribunal ingrese a deliberar para establecer finalmente el fallo judicial más tarde.



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