La prestataria del servicio de agua potable cobra tarifas mensuales de entre 400 y 700 pesos en Santa Lucía, mientras que acceder al mismo recurso esencial en localidades aledañas como Lavalle cuesta un máximo de 45 pesos, y en Capital alrededor de 90.

"No tendríamos que pagar más del 60 por ciento de lo que nos piden", explicó Oscar Casamayor, un vecino santaluceño, a EL LIBERTADOR que ayer anticipó las irregularidades que padece la población.

Además del excesivo sobreprecio, entre 15 y 8 veces más caro de lo que se paga en Lavalle y Corrientes, respectivamente, el agua no siempre es potable, es decir que se encuentra contaminada, hecho inaudito teniendo en cuenta que la localidad se asienta en la orilla del caudaloso río Santa Lucía.

Cabe recordar que la diputada Sonia López presentó tres proyectos de resolución en la Cámara baja, uno de los cuales insta al Ente Regulador a disminuir las tarifas y encargarse de los residuos cloacales. "Es una vergüenza lo que cobran", enfatizó López.

PROBLEMA

DE FONDO

Entre las principales razones por las que las tarifas son tan caras, Casamayor consideró: "Los excedentes de los medidores, que están mal ajustados y nunca se arreglan, y el servicio cloacal, que no funciona".

Luego explicó que toda la localidad padece la irregular situación hace más de cuatro años, pero ningún organismo gubernamental respondió a las denuncias y planteos de las centenas de vecinos afectados.

Casamayor detalló que "se necesitan inversiones urgentes porque el agua nos llega con residuos sólidos y un olor insoportable". Incluso, aclaró, se liberan líquidos cloacales al río, contaminándolo.

"Este año realicé la denuncia en Defensa del Consumidor en Corrientes, pero no responden", se lamentó el santaluceño.

También acercó la denuncia hasta la Cámara de Diputados, donde yace dormida junto a proyectos similares que reclaman soluciones urgentes.

El vecino indicó que hace seis años, era un ente municipal el que estaba a cargo de la provisión del servicio básico. "El problema es que casi nunca invirtieron, y los precios que nos cobraban eran irrisorios", aseveró.

En este sentido, tanto Casamayor como López coincidieron en que "la situación es un verdadero desastre", y denunciaron la contaminación del sistema hídrico en toda la localidad.

Actualmente, se encuentran a la espera de ser tratados en comisión tres proyectos presentados por la diputada comunista.

Los reclamos presentados no se detienen con el deficiente y caro servicio de agua, sino que se extienden al reemplazo del transformador de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) en el barrio Santa Catalina y la normalización del sistema eléctrico, así como a implementar un plan de viviendas e infraestructura para los pobladores que viven en casas improvisadas de plástico.