En tal documento, los firmantes rechazaron la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la que se reintegró en sus funciones a la Intendente destituida y suspendió la consulta popular vinculante (que establece la Constitución provincial) que hubiera permitido ratificar, o no, lo actuado por el Concejo Municipal.

El 12 de enero pasado, el Concejo de Santa Ana destituyó a Escalante tras hallarla responsable de irregularidades en el destino de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario (comúnmente conocido como Fondo Sojero).

Pero para que se haga efectiva la destitución de la Intendente, el artículo 224 de la reformada Constitución provincial establece que se debe convocar a una consulta popular vinculante, dentro de los 30 días, para ratificar la decisión adoptada en el juicio político.

Previo al inicio del juicio político, y cuando el Concejo trataba en diciembre de 2010 una suspensión a Escalante por la falta de envío de balances de 2009, la Intendente presentó un recurso ante el STJ donde atacaba la validez de la autoconvocatoria del Concejo tras la finalización del período de sesiones Ordinarias (que concluyeron en septiembre pero que fueron prorrogadas por el cuerpo legislativo).

El 18 de enero, el ministro del STJ Guillermo Semhan (como miembro del máximo órgano de la Justicia en turno durante la feria) rubricó la resolución por la que se suspendió la convocatoria a la consulta popular y se restituyó en el cargo a Escalante.

La resolución del STJ nada dice sobre la validez del juicio político ni si hay o no razones para destituir a la Intendente. Lo que señala la decisión judicial es el freno de las actuaciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada por Escalante, es decir, si la convocatoria hecha por los concejales es correcta o no.

Si el STJ entiende que la convocatoria de los concejales fue correcta, respaldará la decisión del legislativo municipal (de destituir a Escalante) y establecerá la fecha para la consulta popular vinculante. Caso contrario, todo lo actuado en el juicio político será nulo.

La reunión de los dirigentes políticos se concretó en la vivienda de Agustín Barrios, ex candidato a Intendente de Santa Ana por Encuentro por Corrientes, alianza que catapultó a Ricardo Colombi a la Gobernación y frente que respalda la continuidad de Escalante en la jefatura comunal.

Este dato no es menor si se considera que Colombi ya mostró su “simpatía” por Escalante y mandó delegados a respaldarla. El dato, cuando menos es curioso, ya que fue electa Intendente por el Frente de Todos, alianza que enfrentó electoralmente al Gobernador. Y su primera gestión al frente de la Comuna la hizo tras ganar las elecciones representando al Partido Nuevo. Quizá la explicación a este respaldo es que el presidente del Concejo sea un justicialista, es decir un referente de la principal fuerza de la oposición provincial, más allá de que la Viceintendente, quien asumiría la jefatura comunal, también es considerada como “ricardista”.

Al encuentro asistieron referentes de diversas fuerzas: Ricardo Calderón de la Barca (Frente para la Victoria), Francisco Mariño (Unión Cívica Radical), Juan Guerra (Proyecto Corrientes), Roberta De Miérez (Partido Nuevo y ex intendente de la localidad), Fernando Gómez (Partido Justicialista y presidente del Concejo Municipal), Darío Sánchez (ARI), Diosmedes Alcaraz (titular del Partido Autonomista) y Salvador Ferragut (presidente del Partido Liberal), entre otros.

En el texto del manifiesto multipartidario, los firmantes señalan estar “profundamente preocupados” por el avasallamiento de la autonomía municipal (que se habría producido según entienden por la orden del STJ). Apuntan luego que participaron en todo el proceso de juicio político contra Escalante y ratificaron la denuncia contra la Intendente por la supuesta malversación del Fondo Sojero correspondiente a 2009.