El desplazado procurador santacruceño Eduardo Sosa reclamará hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sancione al gobernador santacruceño, Daniel Peralta, por no haber cumplido con la orden de reponerlo en su cargo.

Junto con su abogado, Daniel Sabsay, Sosa denunciará ante la Corte que se cumplió el plazo que el tribunal le había dado al gobernador bajo amenaza de iniciarle un proceso penal por desobediencia. Sosa fue desplazado hace quince años de su cargo, cuando la provincia era gobernada por Néstor Kirchner.

El plazo dado por la Corte venció el 29 de diciembre, último día de actividad judicial del año pasado, antes de la feria de enero. Ese día, el Gobierno santacruceño dejó en la Corte un anteproyecto de ley para darle a Sosa un cargo de fiscal civil, sin injerencia en las causas penales. La propuesta circula ya entre los ministros del tribunal.

Sosa dijo a Clarín que si el Gobierno de esa provincia le da "un cargo decorativo" estará incumpliendo con el fallo de la Corte. "Eso no sería cumplir con lo que dijo la Corte", expresó el ex procurador. Tanto Sosa como Sabsay creen que el Gobierno santacruceño sólo busca "ganar tiempo".

La Corte ordenó en octubre pasado a Peralta reponer a Sosa en su cargo bajo apercibimiento de procesar al gobernador por desobediencia. El gobernador primero pidió aclaraciones, pero la Corte las rechazó y ratificó su intimación.

"Es una burla, un abierto desconocimiento a lo que dijo la Corte", expresó Sabsay. El abogado de Sosa cree que la Corte debiera rechazar "in limine" la propuesta de Peralta. Ello es lo más probable que ocurra en los próximos días, cuando todos los ministros del máximo tribunal terminen de analizar la propuesta del gobernador.

Sosa fue desplazado como procurador cuando reclamaba investigar por qué la provincia había contratado a un estudio de abogados para gestionar el cobro de reembolsos nacionales por regalías petroleras cuando Néstor Kirchner era el gobernador. De acuerdo con Sosa, esa tarea debía cumplirla el cuerpo de abogados de la provincia y no un estudio privado que cobró cuantiosos honorarios.

El desplazamiento se hizo con una ley que desdobló el cargo de procurador. Entonces se crearon los cargos de agente fiscal, ocupado actualmente por Claudio Espinosa, y el defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces. El puesto de Sosa directamente desapareció y él quedó cesante. Ahora, el gobierno santacruceño propondría algo parecido: desdoblar la fiscalía y dejar a Espinosa en los temas penales y darle a Sosa las causas civiles.

"Esto es una nueva trampita", dijo el procurador en diálogo con este diario. "La Corte puede activar la desobediencia", interpretó Sosa, cuando se le preguntó qué respuesta podría salir del máximo tribunal en los próximos días. Ello implica, claramente, ordenar procesar a Peralta por desobediente. "Estamos a la espera", añadió el ex procurador. A fines de noviembre, el gobernador había prometido cumplir con la orden judicial.

La reposición de Sosa en su antiguo cargo ya había sido ordenada por la Corte en 2001, con otra integración del tribunal.