Extraoficialmente se supo que se inició un sumario pero que no saben por dónde empezar y esperan este diario avance en su investigación del caso -del que habla todo el hospital Lucio Molas- para encaminar el sumario. La pregunta es si realmente no saben nada o están especulando con que este diario no podrá seguir avanzando en la investigación por falta de pruebas materiales y así el caso se diluya.

Extraño. Muy Extraño. Pues se supone que la sola posibilidad de que algo así ocurra debería llevar a cualquier funcionario probo y tranquilo en su conciencia en salir públicamente a defender la transparencia de su gestión y la calidad de los controles instrumentados para que estas cosas no ocurran. De esta forma debería quedar claro que cualquier caso de corrupción que se registre será producto, no de un sistema que lo prohíja, sino de la acción negligente o delictiva de alguien que burla los controles o intenta hacerlo.

Pero el silencio oficial no da tranquilidad. Al contrario, prende la alarma sobre la poca confianza que los funcionarios tienen en el sistema de prestaciones derivadas a privados y las posibilidades de que alguien se quede con un vuelto o algo más.

Videodeglución.

A este diario le bastó escuchar lo que se dice en los pasillos del hospital y hacer una llamada telefónica al lugar donde se hizo la derivación del Molas para saber que la práctica sospechada de sobrefacturación y comúnmente denominada "videodeglución", cuesta 750 pesos.

Tampoco costó mucho trabajo comparar ese precio pasado por una empleada del lugar donde se efectuó esa prestación con lo que autorizó el médico auditor Ernesto Daniel Schliamser del Hospital Lucio Molas que se le pague al prestador Consultorio Radiológico S.A. y que asciende a $6.600.

Schliamser hizo la "Orden de prestación-Auditoría" con la que contrató esa práctica, sobrefacturada casi diez veces, autorizado "por falta de equipamiento e infraestructura" por el director asociado del Hospital, Rubén Marcelo Dayán.

El caso ocurrió en junio y, por el silencio que se observó ayer en los despachos oficiales, no ha sido detectado por los controles que deberían preservar las cuentas públicas de este tipo de, al parecer, escandalosa, sobrefacturación. Pero ¿es posible que un número tan grande para una prestación no lo vea nadie? Esta pregunta y el silencio de los responsables del hospital no ayudan a dar tranquilidad de que se trata de un caso aislado.