La investigación por el aumento de los bienes de Jaime -mientras ocupó durante seis años la secretaría de Transporte del kirchnerismo- comenzó en 2008. Hasta octubre de 2012 el caso estuvo en manos del juez Norberto Oyarbide quien le otorgó a Jaime una enorme cantidad de tiempo para llamarlo a indagatoria. De hecho nunca lo hizo. Fue Casanello quien un año después de llegar al juzgado y luego de los resultados de un peritaje contable, lo llamó a indagatoria, recordó el diario Infobae.

A Jaime, y a sus testaferros más cercanos: sus hijas, su hermano, su ex pareja, las hijas de ella y su ex suegra. El fiscal le imputó a Jaime y a sus testaferros, no poder justificar una suma cercana a los 12 millones de pesos. Y eso es solo considerando lo que pudieron comprobar: es decir lo que se pudo hallar en resúmenes de tarjetas, facturas, etc, etc. La Justicia sospecha que Jaime manejó dinero -en negro, producto de "alegrías" que le daban los empresarios del Transporte- por cifras superiores a esos 12 millones. Mediante varias chicanas procesales Jaime pospuso el resto de las indagatorias de sus familiares/testaferros que debían declara antes que él. Hasta el viernes pasado no había presentado nada para no declarar en indagatoria.

Autos, un yate, un avión, casas de fin de semanas en countries de Córdoba y San Isidro, son algunos de los bienes que la Justicia detectó en manos de Jaime y de sus testaferros. Un peritaje ratificó las sospechas de Rívolo: para un contador de la Corte Suprema de Justicia y una contadora de la fiscalía, Jaime se enriqueció de manera injustificada.

Los empresarios del transporte están sospechados de haber aportado dinero a las arcas familiares de Jaime mientras el ex funcionario relajaba los controles sobre las empresas encargadas de prestar los servicios públicos que estaban bajo su supervisión.