Ese mismo día habrá en Diputados un plenario de las comisiones de Agricultura y Economía, de donde saldrán dictámenes con propuestas sobre un nuevo régimen de retenciones.

Hasta ahora la oposición fracasó en su intento de llegar al 24 de agosto con un dictamen único, ya que pese a las reuniones entre los referentes y las negociaciones puntuales entre los diputados más a tono con el tema, no cesó la división entre quienes pretenden mantener sólo las retenciones de soja y quienes se ciñen a un esquema de segmentación que beneficie a los pequeños productores.

La primera posición la representan la Coalición Cívica, el Pro y la mayoría de los radicales, con la excepción de los que tienen origen en la Federación Agraria (Ulises Forte y Pablo Orsolini), quienes sufren la doble presión del partido que los llevó a la banca y la entidad que los hizo conocido y embandera el pedido de segmentación.

En la primera reunión entre referentes de la oposición el socialismo Lisandro Viale, de Entre Ríos, quien protagonizó un duro duelo verbal con Elisa Carrió. Y mantuvo esa postura en la Comisión de Agricultura de la semana pasada pese a que, a esa fecha, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, había confundido a todos al señalar que las retenciones debía fijarlas el Ejecutivo.

En el interbloque de centroizquierda, más renuentes a juntarse con los demás opositores, no se conocieron posiciones a favor de bajar algún punto de las retenciones e insistirían con la segmentación con dictamen propio. No harían más que seguir su línea: en casi todos los proyectos emblemáticos presentaron un despacho propio.

La otra duda es qué harán los bloques minoritarios procedentes de partidos provinciales que hasta ahora vienen siendo files seguidores de las posturas opositoras. Es que una reducción de las retenciones a la soja impactaría inmediatamente en el Fondo Sojero, compuesto por un porcentaje de lo recaudado por ese tributo con destino directo a las provincias.

La vía de negociación con ellos sería una reducción total de las retenciones para las economías regionales. “Tienen que entender que con el actual esquema, sus niveles de productividad son los más afectados”, confío el radical Ricardo Buryaile, titular de la Comisión de Agricultura y a cargo de acercar posiciones.

Puntos de acuerdo

El miércoles en que se aprobó el 82% móvil fue también una jornada de negociación por las retenciones. Las autoridades de la Federación Agraria visitaron a los senadores opositores y sólo consiguieron promesas ajustadas al proceder de los diputados, donde, entre discurso y discurso, los opositores continuaron debatiendo sobre la exportación de granos.

La Ucr intentó mediar con un dictamen intermedio, que mantiene la postura de eliminar las retenciones de trigo y girasol, conserva una leva alícuota para el maíz y reducir las de soja, que hoy alcanzan el 35%. Pero abre el juego para segmentar las retenciones que se mantengan y eliminarlas por completo en las economías regionales.

“El sorgo, el girasol y el trigo no resisten retenciones”, repiten desde el radicalismo. Como parte de su defensa al dictamen para aplicar la jubilación del 82% móvil, que especificaba las fuentes de financiamiento, Claudio Lozano, de Proyecto Sur, defendió la recaudación por retenciones como una de las formas de engrosar el fisco.

Ahí se da un debate más complejo: mientras la mayoría de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica coinciden en que las retenciones son un impuesto distorsivo que se debe eliminar al largo plazo, la centroizquierda y el socialismo no lo cuestionan desde lo conceptual sino desde su instrumentación.

El kirchnerismo, a todo esto, espera plácido y estará dispuesto a defender la continuidad del actual esquema de retenciones si no prospera una propuesta en el Congreso. La especulación de que, como cada vez que avanza un proyecto desfavorable, el Gobierno se anticiparía con una medida paliativa quedó en meras especulaciones. Tal vez la falta de acuerdo en la oposición contribuyó a que no la crean necesaria.