Los dueños de firmas comerciales consideran que los cobros compulsivos que realizan otras jurisdicciones sobre las cuentas bancarias por ventas interprovinciales, son ilegales. La problemática afecta principalmente a organizaciones que hacen transacciones en Misiones y Buenos Aires. En la Federación Económica de Corrientes denuncian que los organismos fiscales violan la Constitución Nacional.
El problema afecta principalmente a las firmas que realizan transacciones con otras de Misiones, Tucumán y de Buenos Aires. Estas jurisdicciones retienen a los empresarios, en concepto de impuesto directamente de sus cuentas, un porcentaje de los montos que le son depositados por pagos.
La carga fiscal produce disminución en las ganancias, y según explicó Gustavo Tabacchi, presidente de la FEC a EL LIBERTADOR, "en el caso de Misiones es más preocupante, porque realizan cobros periódicos aún cuando se lleva adelante sólo una venta en la que intervino un banco o sucursal bancaria ubicada en esa provincia".
La carga a la que hizo referencia es la que percibe la Dirección General de Rentas de la vecina provincia. "Pero lo llamativo es que esas retenciones representan un doble cobro de impuestos, porque la empresa correntina ya tributa Ingresos Brutos en Corrientes, pero se le vuelve a cobrar en Misiones", denunció.
Agregó que esos pagos, son por cada venta realizada, "aún cuando las declaraciones juradas para pagos de impuestos se realizan en forma mensual".
El directivo se mostró molesto, ya que periódicamente recibe quejas de pequeños y medianos empresarios que son alcanzados por tales cargas, y se ven imposibilitados de hacer reclamos para que se les deje de cobrar.
Tabacchi indicó que hubo contacto con autoridades de Misiones, pero nunca se revirtió el tema. "Es por ello que invitamos a nuestros socios a realizar acciones legales, y les aconsejamos enviar una carta documento a Rentas solicitando que se deje de realizar las retenciones", dijo.
Pero en el caso de las comercializaciones hechas en Buenos Aires, los impuestos alcanzan tanto al comprador como al vendedor, y generan doble perjuicio.
Es que tanto al que usa la cuenta bancaria como el que realiza el depósito debe tributar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. "Un empresario correntino que compra cemento es alcanzado por un impuesto, y la fábrica también debe tributar", indicó Tabacchi, quien remarcó que "hicimos varias quejas ante Arba, pero nunca obtuvimos respuestas".
En tanto, en la Federación Empresaria de Corrientes (Fecorr), el gerente de la institución, Javier Brunell, indicó que se trabaja en alternativas para evitar que el problema impositivo genere pérdidas a los que integran ese ente.
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