Tras el rechazo de centros e instituciones educativas que trabajan con niños y adolescentes con discapacidad, la Superintendencia de Salud decidió suspender hasta el 30 de noviembre la polémica resolución 1200, que elimina derechos de asistencia a personas con discapacidad y que estaba incluida en el presupuesto 2013.

En declaraciones a Radio Continental, Superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, se comprometió a excluir al sector de discapacidad de los alcances de la resolución, aunque advirtió que “la obligación de cubrir tratamientos son las obras sociales” dijo.

Desde el Instituto de Enseñanza Oral (Ideo) de Olavarría, una de las instituciones que podría ser perjudicada si se concretara la medida, destacaron que gracias a la difusión y la protesta de las organizaciones “la resolución quedó paralizada hasta el 30 de noviembre” y está la promesa que “las escuelas van a quedar excluidas de esta ley” explicaron.

Si bien la medida “modifica la forma en la cual las obras sociales solicitan los reintegros ante los organismos” para Marcela Gago, Secretaria de Ideo, “la situación es difícil porque las obras sociales tienen de por sí atrasos en los colegios”.

Desde la entidad local, destacaron la preocupación de vecinos y el contacto que mantuvieron con dirigentes políticos, quienes se contactaron para interiorizarse de la situación.