Organizaciones patronales y sindicatos de trabajadores de la prensa de Bolivia concretaron ayer una jornada de movilización en todo el país que incluyó marchas, paros y crucifixiones en repudio a dos artículos de la Ley contra el Racismo, impulsada por el gobierno de Evo Morales, ya que consideran que bajo estos artículos se les aplicará “censura previa”, afectando “la libertad de expresión”. Tales puntos prevén sanciones a medios y periodistas que publiquen “ideas racistas y discriminatorias”. El proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, podría convertirse en ley hoy mismo, tras el debate en el recinto de la Cámara Alta, de amplia mayoría oficialista.

Mientras ruidosas protestas se concretaban en La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija y El Alto, Evo Morales recibía ayer a representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a propietarios y directores de medios escritos, la Confederación de Trabajadores de la Prensa, y representantes de organizaciones sociales, quienes habían pedido audiencia con el mandatario a fin de persuadirlo de que elimine los llamados artículos “mordaza” de la norma. Pero, tras la reunión, el vocero de la Presidencia, Iván Canelas, afirmó que “no hubo acuerdo” y que se avanzará con la ley tal cual está, sin modificaciones.

Los polémicos artículos son dos. El artículo 16 señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”. Por su parte, el 23 establece que cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación “no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

Según la Asociación de Periodistas de la Paz este último artículo pone a los trabajadores de medios en la mira del código penas y les quita la posibilidad de “invocar la Ley Imprenta”.

“Le hemos pedido al presidente que se elimine toda aquella mención a periodistas, medios, comunicadores y propietarios de medios de la ley, a fin de evitar esta discriminación contra el sector periodístico. Pedimos que se establezcan sanciones legales a quienes difundan ideas racistas”, afirmó el director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, tras la reunión con el presidente.

Los gremios de patronales de medios rechazan el artículo 16 porque consideran que con él se les aplicará una censura previa, aunque el vocero del gobierno aseguró que la libertad de expresión “está garantizada”.

No obstante, uno de los principales senadores del oficialismo dispuesto a llegar a algún tipo de consenso, Eduardo Maldonado, fue destituido el lunes por la noche de la presidencia de una comisión que analizaba alternativas al artículo 16.

En las últimas semanas, Morales ha insistido en llamar “racistas confesos” a quienes se oponen a la norma, además de asegurar que la prensa está entre sus “primeros enemigos”. Y afirmó que la futura disposición no está diseñada para atacar a la prensa, sino “para proteger a los débiles, maltratados y discriminados, que son la inmensa mayoría de Bolivia”.

Dominó regional

A nivel regional, el debate en Bolivia se suma a polémicos proyectos para controlar los medios que varios gobiernos de América latina aprobaron –como es el caso de los Kirchner en Argentina o Hugo Chávez, en Venezuela– o están considerando impulsar, como ya sugirió el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien está en plena pelea con los medios a los que acusa de comportarse como “partidos políticos”.