Asimismo, anunció que “mañana ingresaremos a la Legislatura el proyecto de Ley generando un cupo laboral obligatorio en la Administración Pública provincial, para que los liberados con oficio o educación emergentes del sistema penitenciario tengan un lugar”. En tal sentido, anticipó que este proyecto legislativo “será de adhesión a todos los municipios de la Provincia” y enfatizó: “Es hora que el Estado no sólo esté presente sino que marque cuál es la dirección correcta para la correcta socialización del liberado y esta es la muestra más indicada”.

También mencionó que la propuesta “se hará extensiva al sector privado donde se incorporarán en la misma ley beneficios impositivos del 50 por ciento de ingresos brutos para aquellos que tengan en su plantilla personal liberados con capacidades para poder desempeñar un trabajo” y agregó: “aquellos contratistas del Estado que deseen licitar y competir libremente con otras empresas tendrán beneficios en la adjudicación, en tanto y en cuanto cuenten con mano de obra de servicios de liberados”.

“Esto será una realidad en tanto y en cuanto podamos profundizar y formar dentro del Sistema Penitenciario hombres con herramientas. Hoy la sociedad exige más seguridad y más seguridad se da con mayor prevención y con menor reincidencia”, manifestó el Ministro al tiempo que valoró la labor que realiza el personal de la Unidad 7.

El intendente de Azul, Omar Duclós, por su parte, destacó el esfuerzo del Ministerio “por la inversión que se ha hecho para poder rehabilitar este edificio que va a permitir facilitar todo el desarrollo del servicio de justicia y la ejecución de las penas”.

“Sabemos que la problemática de la inseguridad y todo el esfuerzo por tratar de brindar la mayor seguridad en nuestras comunidades tiene que ver con poder cumplir con cada eslabón de una larga cadena que comienza con la prevención, donde los municipios tenemos mucho para

aportar e intentamos hacerlo”, expresó el jefe comunal azuleño.

Por su parte el Jefe del Servicio Penitenciario, Dr. Javier Mendoza, mencionó que “la reinauguración de esta plaza es fundamental para la fuerza, para poder brindar un servicio trascendental sobre todo para el departamento Judicial de Azul que prácticamente se había quedado sin plazas, sin unidades donde tener a las personas detenidas de este departamento. En ese sentido es un avance muy importante”.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Fabián Franetovich; el subsecretario de Planificación, Guido Lorenzino; el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín; la directora Provincial de Coordinación de Políticas de Género, Silvia La Rufa; el jefe Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Gustavo Mendoza; el director del Ilanud, Elías Carranza; el jefe del Complejo Penitenciario Zona Centro, inspector mayor Miguel Colombo; el director de la Unidad 7 de Azul, prefecto mayor César Lastra; entre otros funcionarios y autoridades municipales, judiciales e institucionales.

Características

El establecimiento cuenta con una capacidad de alojamiento para 160 internos, distribuidos en cuatro pabellones, cada uno, acondicionados con 25 celdas. En tanto que hay cuatro viviendas construidas dentro del predio, pertenecientes al programa lanzado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, denominado “Casas por cárceles”, donde viven las personas privadas de su libertad que tienen salidas transitorias y laborales (beneficios contemplados en el art.100 de la Ley 12.256).

Las plazas disponibles en la institución carcelaria son destinadas mayormente a internos penados, pertenecientes al Departamento Judicial de Azul o que se encuentren a disposición de juzgados de la región, priorizando así el acercamiento familiar de los detenidos. A la fecha fueron alojados en la dependencia penitenciaria 61 internos, de los cuales 43 son penados y el resto procesados, pero en los próximos días se prevé un aumento progresivo de la población.

La Unidad 7 fue creada en el año 1931 convirtiéndose así uno de los penales más antiguos de la Provincia de Buenos Aires. Desde octubre del año 2006, no alberga internos, debido a una orden judicial en la que se ordenó que se dispusieran los medios necesarios para su reacondicionamiento general, ajustándose a las necesidades actuales para el alojamiento de las personas privadas de su libertad.