Mario Cáffaro- Luis Rodrigo - politica@ellitoral.com

La reunión fue breve, apenas duró lo necesario como para que los cronistas llegaran -a toda prisa- a la Casa Gris. El ministro de Justicia Juan Lewis había decidido aceptar lo que le propusieron los legisladores de todos los bloques y de las dos Cámaras. El propósito era evitar que la sangre llegara al río.

Un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura, del que también participó el Poder Ejecutivo, evitó que la Asamblea Legislativa rechazara (hoy a la siesta) los 16 pliegos enviados por el gobernador Antonio Bonfatti.

Los postulantes ganaron los concursos dispuestos por el gobierno, que tanto cuestiona el justicialismo con respecto a sus jurados, sus formas, atribución del puntaje y, especialmente, la evaluación de los antecedentes académicos que -según la oposición- ha sobrevalorado la carrera docente.

El propósito del acuerdo entre oficialismo y oposición es doble: por una parte evitarles a los postulantes pasar por el innecesario trance del rechazo de sus candidaturas para integrar el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal. Y por otra, no permitir que caiga con sus postulaciones todo el sistema de concursos, que ya ha examinado a medio centenar más de interesados en formar parte de la nueva justicia penal.

La salida no conforma a nadie, pero era la única alternativa viable ante una situación de empate, que amenazaba con diferir aún más la implementación de la reforma.

“Si el Ejecutivo propone y el Legislativo rechaza, una y otra vez, no vamos a tener los avances que necesitamos para que la Justicia, de una buena vez, abandone el viejo Código Procesal Penal que por una cosa u otra no se ha puesto en marcha”, dijo ayer un legislador del oficialismo a El Litoral. Sabía que lo mejor que podían hacer los bloques de diputados y senadores del oficialismo era convencer al gobierno de dar marcha atrás.

El peronismo en la tarde de ayer hizo las cuentas y se convenció de que tendría (con aliados en el PRO) un número muy cómodo para rechazar todos los pliegos. Y lo comunicó a sus pares del Frente Progresista.

A primera hora, el secretario de Asuntos Legislativos Pablo Farías mantuvo una reunión con senadores del oficialismo. Media hora después, a las 9, el ministro Lewis recibió a un grupo de legisladores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo.

Posiciones

En mayo de este año, el peronismo rechazó el pliego del ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, que había sido postulado por el Ejecutivo como auditor del sistema de fiscalías de la provincia.

Fue una bisagra en la relación entre ambos Poderes frente a cómo evolucionaría el debate por cómo completar los cargos para crear la nueva justicia penal.

El argumento central opositor no fue que Font había integrado el gobierno anterior -de Hermes Binner- sino la forma cómo se había celebrado su concurso, y lo que el PJ describió como un “puntaje muy alto” para los postulantes que reúnan antecedentes académicos.

Fuera y dentro del Justicialismo parecía endeble rechazar un postulante a la Justicia por haber formado parte del gobierno; situación que se dio en reiteradas oportunidades mientras estuvo en el poder.

Luego de ese rechazo hubo no menos de tres encuentros entre el ministro Lewis y los integrantes opositores de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que le trasladaron esa preocupación en favor de modificar los concursos. No hubo cambios.

Ahora, ante los 16 pliegos girados por el Ejecutivo, el PJ fijó una posición: “Si los concursos están mal hechos, están mal hechos para todos, no sólo para los ex funcionarios del socialismo”.

Explicaciones

Los legisladores del justicialismo se juraron no hablar con los periodistas después de reunirse con Lewis. Y pese a formar en dos bloques distintos en el Senado y estar divididos en 9 bancadas en Diputados, lo cumplieron.

Los encargados de hablar con la prensa fueron los diputados del oficialismo.

Joaquín Blanco, diputado socialista e integrante de la Comisión de acuerdo, expresó que “resolvimos retirar los pliegos de fiscales y defensores porque había algunos postulantes cuestionados por la oposición. De esta manera, estamos preservando a los postulantes que tiene le puntaje adecuado para acceder a los cargos”.

Además, Joaquín Blanco agregó que “también los retiramos porque se abrió una instancia de acuerdo, de consenso que nos va a llevar algunos días”.

En tanto, el diputado radical Santiago Mascheroni afirmó que “se tomó esta decisión de suspender la Asamblea Legislativa para “evitar un desgaste innecesario”.

Ante una consulta, negó que de ahora en más el gobierno se vea obligado a negociar cada pliego con el PJ, pero admitió que sí deberá revisar un cambio en la forma como se celebran los concursos.

“Todos reivindicamos que se celebren y lo que tenemos que hacer es mejorar los mecanismos de participación y debate”, expresó. Adelantó que se busca “redefinir las bases para reordenar los concursos, buscamos un mecanismo que permita llegar en tiempo y forma”, con los plazos previstos para la implementación de la reforma.

Mascheroni aseguró que en la reunión entre integrantes del Legislativo y los funcionarios del Ejecutivo no estuvo en danza ningún nombre de candidatos a defensores o fiscales. “No hablamos -dijo- de ninguno de los pliegos, ni de los que podían ser rechazados ni de los que podían ser aprobados, no estuvo en juego en este debate ni sus calidades personales ni profesionales”.

Luego, el legislador esquivó la pregunta respecto de cuánto se atrasará la implementación del nuevo Código por la falta de acuerdo. De todas formas, describió: “esto no nos coloca en una situación de explosión de la reforma; creemos que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo mayor para asegurar a la Justicia la provisión de todos los recursos humanos que el nuevo sistema necesita”.