El procurador interino de la Nación, Eduardo Casal , alertó a la vicepresidenta Cristina Kirchner que el Ministerio Público Fiscal afrontaría serias dificultades que podrían complicar la efectiva administración de Justicia si el Senado aprueba el proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio especial de los magistrados tal como fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

Casal trazó su diagnóstico en un oficio que le remitió a Cristina Kirchner en su carácter de presidenta del Senado y ante la falta de designación de las autoridades de la Comisión Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, organismo que él lidera desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó a fines de 2017.

Como jefe máximo de los fiscales, Casal expresó su "preocupación" por la eventual derogación de la facultad legal que le permite a la Procuración "convocar a fiscales jubilados a ocupar transitoriamente los cargos que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía", según consta en el texto, con membrete del Ministerio Público, con copias al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

 

El procurador interino Eduardo Casal Fuente: Archivo

 

Casal explicó que el organismo agrupa a 381 cargos de fiscales, de los que 142 se encuentran vacantes en la actualidad, número que se descuenta que aumentará con el correr de las semanas si prospera el proyecto de ley tal como fue aprobado en Diputados la semana pasada y que a partir de hoy será analizado por el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La cifra estimada de magistrados que podrían renunciar en el corto plazo y acogerse a la jubilación antes de que entre en vigencia la eventual reforma es aún incierta, pero algunos representantes la fijan entre los 300 y 450, solo entre los jueces.

"Si la idea fue salvar el déficit económico que tiene el sistema [previsional] esta no es la solución. Al contrario, hay chances de que renuncien 300 jueces con lo que habrá menos aportes. Hay tanta improvisación...", lamentó el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle.

En su escrito a Cristina Kirchner, Casal no aludió a esa eventual consecuencia de la pretendida reforma previsional, sino que concentró sus dardos en la proyectada prohibición de convocar a fiscales jubilados para que cubran algunas vacantes, como rige en la actualidad. Es decir, reactivar a fiscales que se jubilaron para que sigan adelante con las investigaciones que impulsaron mientras estuvieron en actividad o se pongan al hombro las acusaciones en juicios orales.

"Herramienta de suma utilidad"

"Dicha solución legal constituye una herramienta de suma utilidad para asegurar la adecuada prestación del servicio de Justicia cuando las circunstancias así lo requieren, tal como ocurre en la actualidad frente a la numerosa cantidad de vacantes que se registran", argumentó, lo que ejemplificó con una cifra: "En la actualidad se encuentran actuando como convocados 20 fiscales que contribuyen a asegurar la representación de este Ministerio Público en los distintos fueros e instancias".

Como procurador interino, Casal también justificó la necesidad de mantener la opción de convocar a fiscales que se acogieron a la jubilación en los tiempos que conlleva seleccionar y designar a nuevos integrantes del Ministerio Público Fiscal, y por las dificultades propias de designar a abogados sin las características ni experticias propias de un fiscal o, en sentido amplio, de un magistrado.

"No obstante los procesos de selección que se están llevando a cabo", explicó Casal, la actual carencia de fiscales ya "determina que la representación en más de una dependencia por parte de los fiscales en actividad puede superar sus posibilidades de actuación, por lo que en tales casos resulta conveniente convocar nuevamente al servicio a quienes ya se retiraron, pues esa opción es en general preferible a la designación de un letrado de la lista".

En la misma línea, el Procurador interino remarcó que "en la actualidad se encuentran actuando como convocados 20 fiscales [que estaban jubilados] que contribuyen a asegurar la representación de este Ministerio Público en los distintos fueros e instancias, la que se vería afectada de suprimirse esa posibilidad con menoscabo para la defensa de los intereses por los que esta Institución debe velar por imperio del artículo 120 de la Constitución Nacional y, en definitiva, de la administración de justicia en general".