La puja entre los gremios de empleados públicos y la administración del gobernador Ricardo Colombi se profundiza.Los sindicatos, agrupados en diferentes centrales como la CGT y la CTA, piden incremento salarial que va del 40% al 100% para el inicio del año.
Algunas organizaciones ya resolvieron convocar a manifestaciones, como ATE que el 9 de febrero realizará la primera marcha del año hacia Casa de Gobierno; pidiendo aumento de 100% al básico y por un salario de bolsillo superior a los $3.000.
Otros gremios, como los estatales “cegetistas”, adelantaron que la semana que viene podrían convocar a medidas de fuerzas conjuntas. También repudian el aumento de sueldo del 100% de los funcionarios y piden aumento salarial sustancioso para todos los empleados públicos.
“Si no nos escuchan buscaremos la forma de hacernos oír”, dice el documento que el jueves firmaron AEPPC, SADOP, ACDP, VIALES, FESTRAMCO, SELCO, AEFIP, APETCRA, AMET, SOEME, UDA y ATSA.
El Gobierno por su parte trata de calmar la efervescencia que está en aumento entre los empleados públicos, reiterando la promesa de que otorgará un aumento en el salario básico con el sueldo de febrero.
Aunque Ricardo Colombi ya les respondió a los sindicatos que a él nadie le impone la política salarial, y que el próximo incremento no será del 100%.
En términos económicos Ricardo Colombi dijo que no va “a hipotecar el futuro de la provincia” para satisfacer las demandas salariales.
El Gobernador vaticinó que el 2011, año netamente electoral, será bastante complicado mantener el diálogo con las organizaciones de trabajadores. “Siempre es duro trabajar porque las conducciones de algunos gremios tienen una orientación política muy clara”, opinó Colombi el miércoles pasado.
El que intentó un poco de mesura en estos cruces fue el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres, que aseguró que la política salarial del Gobierno para este año será de “una recuperación gradual, permanente y sustentable en el tiempo”.
Vaz Torres aseguró que se irá “recomponiendo la escala jerárquica de los empleados públicos”, se irán eliminando las “remuneraciones en negro, establecer mínimos garantizados y solucionar los demás problemas que se fueron produciendo”. Pero advirtió que estos beneficios sólo se darán “por fuera de la conflictividad”.


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