Ambas partes endurecieron posiciones y admiten que será muy difícil alcanzar un punto de coincidencia, por lo que seguramente deberá laudar el Gobierno para conciliar los 23 puntos porcentuales de diferencia entre reclamo y oferta.

La negociación oficial comenzará a las 10, cuando se reúnan los equipos técnicos en la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, en la sede del Ministerio de Trabajo. La idea es intentar llegar a un acuerdo, que luego se presente a las 14 en la reunión ampliada.

La CGT y la CTA llevarán un pedido de aumento del 41%, hasta los $2.600 y, como contrapartida, el sector empresarial ofrecerá una suba del 18%, a 2.170 pesos. Ambas partes saben que es éste el principio de las negociaciones y que deberán ceder en sus pretensiones, pero llegarán al encuentro con posturas firmes y sin ánimos de modificaciones.

Los empresarios esperan contar con la venia del Gobierno nacional y confían en que sumarán su respaldo para evitar que la suba se ubique por encima de los acuerdos enmarcados en los convenios colectivos. Dicen que cualquier aumento que supere esas cifras puede presionar en la reapertura de paritarias y saben de las dificultades que esto puede representar para el Ejecutivo, a dos meses de las elecciones presidenciales.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, insistió en que es “excesiva” la pretensión cegetista y que “convalidar un aumento del 41% no corresponde a la realidad”.

El secretario de Relaciones Institucionales de CAME, Jorge Bienati, ratificó a BAE que “la postura del sector empresarial es de ofrecer un aumento del 18%” y que se trata de una “posición que obedece a la lógica de la inflación anual”. “El trabajador tiene que tener un salario bueno para consumir, pero ese salario no debe afectar la competitividad empresarial”, remarcó Bienati.

Del otro lado, este año los gremios lograrán llegar a la mesa de negociaciones con un pedido unificado. Si bien la CTA pretendía un aumento del mínimo a $2.750, se mostró dispuesta a ceder a $2.600, y acompañar a la CGT, si se agrega el reclamo de sesión permanente del Consejo.

Los sindicatos volvieron ayer a defender su propuesta a través del secretario de Políticas de Empleo de la CGT, Jorge Lobais, quien señaló que los trabajadores han “perdido bastante el poder adquisitivo” en los últimos cinco años. “Nuestra intención es que sea $2.600, pensando que es una realidad que vivimos hoy con un costo de la canasta básica que se ha elevado un poco”, fundamentó el titular de la Unión Obrera Textil, luego de explicar que ese monto “no es ni más ni menos que $86 por día”.

También el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, sostuvo que la función del Consejo “no se agota con la mera fijación del ingreso mínimo que debe percibir un trabajador” y, por eso, debe también “fijar la metodología, las pautas y las normas de una canasta básica para la determinación del salario mínimo vital y móvil”.

El sindicalismo estará representado por la CGT y la CTA, y el sector empresarial por la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Asociación de Bancos de Capital Argentino (ADEBA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).