El rechazo del gobierno británico al proyecto que aumenta las penas para las petroleras que operen en Malvinas sin permiso argentino no se hizo esperar. Tan sólo un día después de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el proyecto que endurece las penas para aquellas empresas que sin autorización realicen cualquier actividad de búsqueda de "hidrocarburos mediante la exploración en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental", el gobierno británico lo consideró "totalmente ilegítimo".

La modificación sobre la ley que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, sancionada en 2010, intenta solucionar los límites de las sanciones administrativas previstas que según el oficialismo "no lograron detener el impulso depredador de aquellas empresas que, autorizadas por el Reino Unido o por el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas, pretenden avanzar no solamente en la exploración que en algunos casos ya se ha efectuado, sino también en la explotación de nuestros recursos hidrocarburíferos".

La modificación impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la el Congreso determina "que el que sin autorización de la autoridad competente encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos mediante la exploración en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentina será sancionado". Además, establece que "las condenas no solamente serán aplicadas a las personas físicas que lleven adelante estas actividades, sino también a los representantes de personas jurídicas que ilegítimamente, en contra de los dispuesto por la legislación nacional, las realicen". Asimismo la legislación fija penas de prisión de hasta 15 años, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición para que personas y compañías puedan operar en la Argentina y la confiscación de equipos y cualquier hidrocarburo que haya sido extraído ilegalmente.

El diputado del Frente para la Victoria encargado de defender el proyecto en el reciento, Guillermo Carmona, aclaró que "en el caso de las personas de existencia ideal no solamente se prevé la aplicación de sanciones a sus directivos, sino también la determinación de multas y la suspensión de actividades y de participación en concursos y licitaciones en la República Argentina, al igual que la cancelación de la personería y la publicación del extracto de sentencia."

A la hora de la votación el Frente para la Victoria contó sólo con el apoyo del Frente Amplio Progresista (FAP). Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical rechazaron el texto por considerar que puede causar un perjuicio para la Argentina.

Desde el otro lado del océano, un vocero del Foreign Office señaló ante los medios locales que las actividades de hidrocarburos en aguas malvinenses bajo soberanía británica son “legales” y están bajo el control del Gobierno de las islas.

Desde el Foreign Office también puntualizaron que "las actividades de hidrocarburos por parte de cualquier compañía que opera en la plataforma continental de las islas Falklands (como llaman los británicos a las Malvinas) son reguladas por el gobierno de las islas, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar", por lo que –insistió– "estas actividades son totalmente legítimas y legales".

Por su parte, la embajada argentina en Londres informó que envió más de 200 cartas a compañías involucradas directa o indirectamente en las actividades petroleras en Malvinas para advertirles de que están sujetas a medidas civiles y criminales en virtud de las leyes que regulan estas actividades, incluidas las de protección medioambiental. Sin embargo desde el gobierno británico insistieron en que la legislación interna argentina no se aplica en las islas Falkland, South Georgia y las islas South Sandwich, que son territorios de ultramar del Reino Unido. «