El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por los ex funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda, Hugo Nelson Agüero y Luis Edgardo Araniz, quienes pretenden que sus condenas a cinco años de prisión, por peculado y pago de coimas, sean revisadas por la Corte Suprema de Justicia. Ahora sus defensores podrían ir en queja al máximo tribunal, como una apuesta para que sigan en libertad; aunque la Cámara en lo Criminal 1 también podría ordenar sus detenciones mientras que tramita ese recurso.
Por eso se abre el interrogante: ¿Agüero y Araniz volverán a quedar detenidos? Esa respuesta quedó ahora en manos de la Cámara en lo Criminal 1, que juzgó y condenó a ambos en 2007, excepcionalmente a través de los jueces civiles Carlos Perdigués, Graciela Martín y Jorge Cañón.
Ocurre que la denegatoria del recurso extraordinario permite que los plazos procesales de la causa no se suspendan, y el próximo paso procesal en ella no es otro que el dictado de la orden de detención. Pero también existe la posibilidad de que los camaristas no ejecuten esa orden bajo el argumento de esperar a que la Corte le abra o no la queja. El fundamento sería que aún la sentencia no está firme.
Agüero y Araniz fueron condenados a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de peculado (o sustracción de caudales públicos) y cohecho menor (pago de coimas), porque entre 1999 y 2003 se desviaron del organismo fondos públicos por 960.456,21 pesos a través de las operatorias denominadas Banco Hipotecario Nacional y gastos de inspección.
Por el mismo caso también fueron encontrados culpables la ex jefa de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez, y el ex tesorero, Walter Raúl García, que recibieron penas de tres y dos años de prisión en suspenso, respectivamente, por peculado e inhabilitación absoluta perpetua; el ex jefe de Compras y Licitaciones y ex presidente del Club Rucalén, Juan Cono D'Amico, a un año de prisión en suspenso como partícipe secundario del peculado e inhabilitación absoluta perpetua; y el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval, a un año de prisión en suspenso por cohecho pasivo menor, inhabilitación absoluta y una multa de 48.000 pesos. Este cobró 400 pesos mensuales, entre enero de 1994 y diciembre de 2003, por orden de Agüero y Araniz.
Agüero y Araniz, en un primer momento, apelaron el fallo de la Cámara 1 ante Tribunal de Impugnación Penal, pero en la revisión de los hechos sus integrantes confirmaron la sentencia. Finalmente el caso llegó al STJ, que revisó las cuestiones de derecho y le dio la derecha al TIP después de 20 meses de análisis.
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