Según se pudo saber, uno de los cinco nuevos imputados, Rubén Queirolo, había presentado un escrito a través del defensor oficial, Walter Vaccaro, al entender que el supuesto delito que se le imputa ya se extinguió por el paso del tiempo.

Ese pedido fue girado al fiscal que interviene en la causa, para que tome vista del contenido de esa solicitud. Una fuente judicial indicó que el pedido realizado por la defensa contenía cuestiones novedosas en el análisis de la causa y su extensión en el tiempo, pero a pesar de eso, el fiscal decidió rechazar la solicitud de prescripción. Ahora, el expediente está de nuevo en manos del juez Díaz Lacava, que es quien debe fijar posición sobre los imputados.

En la causa hay cinco personas imputadas: el mencionado Queirolo al que se lo considera ligado a la UOM; el ex ministro de Obras Públicas y ex director del Banco de La Pampa, Oscar Negrotto; el consultor Carlos Opezzo y los empresarios José Floridia y Enrique Halcak.

Todos ya fueron citados a indagatoria pero su conducta ante el juzgado fue disímil. Ni Negrotto ni Opezzo quisieron declarar, al igual que Halcak, mientras que Floridia habría accedido a dar su testimonio, mientras que Queirolo cree que la causa penal ya se extinguió.

Estos están imputados por el presunto delito de defraudación a la administración pública. El caso conocido como "cloacas Alvear II" es una derivación de la causa en la cual fue condenado el ex intendente Oscar Pepa, aunque en el fondo en ambas se apunta a los sobreprecios pagados para la construcción de la red cloacal domiciliaria en esa localidad del norte provincial.

Investigación.

De acuerdo con la Justicia, Pepa le adjudicó en forma directa la obra a la firma Consnor y a la constructora pampeana Ilka por 18.359.055,58 pesos-dólares en 1999, aunque una auditoría de la Sindicatura General de la Nación concluyó que no pudo costar más de una tercera parte y que, por lo tanto, hubo una sobrevaluación del 179 por ciento.

Durante el juicio oral y público a Pepa, surgieron una serie de novedades que llevaron a la Cámara en lo Criminal de General Pico a ordenar que se investigara a Negrotto, Opezzo, Floridia, Queirolo y Halcak. Este último sería una pieza clave en el entramado de una serie de proyectos similares en otros lugares del país. En esas audiencias públicas, los testigos vincularon a Negrotto y a Opezzo con el poder político de la época.

El ex ministro apareció mencionado como un supuesto operador que ofrecía a pequeñas localidades obras públicas que se financiarían con Aportes del Tesoro de la Nación, que salían del Ministerio del Interior, y que eran direccionadas a determinadas empresas.

Sobre Opezzo, se especuló que habría dado el visto bueno al proyecto de las cloacas y que su consultora habría elaborado el presupuesto oficial, aunque él lo negó. Ahora la Justicia deberá decidir si los cinco imputados son procesados o se toma otra resolución judicial con ellos.