El diputado oficialista volvió a defender la iniciativa que busca que los trabadores reciban parte de las utilidades empresarias: "Se tratará en marzo sin interrupciones", afirmó
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, volvió a defender su proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, luego de que un acuerdo entre la cúpula sindical y los empresarios pusiera paños fríos a la discusión.
"El derecho a la propiedad no es absoluto", argumentó sobre la posible vulneración de su iniciativa a intereses privados, en en una charla que tuvo lugar ayer en la Universidad Torcuato Di Tella.
El abogado de la Confederación General del Trabajo que dirige Hugo Moyano, afirmó que "no hay ninguna demora al proyecto". Y advirtió: "Ya tengo cinco años como legislador y conozco los tiempos parlamentarios. Comenzará a tratarse el 1° de marzo en el Congreso, pero sin interrupciones".
Antes, Recalde había aludido al tiempo que pidió la Unión Industrial Argentina (UIA) para analizar la iniciativa antes de sentarse a debatir en la comisión de trabajo de la Cámara Baja presidida por el legislador moyanista, y al posterior desplante de la entidad fabril -y al grupo de los 7, que forman junto a entidades empresarias de otros sectores-.
Pese a que deberá esperar el tratamiento legislativo hasta bien entrado el año próximo, Recalde intentó disipar las dudas que surgieron sobre la continuidad de la iniciativa tras la reunión que mantuvieron el líder de la central obrera con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, días después del fallecimiento de Néstor Kirchner.
"La UIA había pedido 15 días para estudiar el proyecto. Soy partidario de que todo el mundo estudie -ironizó-, así que se los dimos. Después, Moyano se reunió. Me llamó y me dijo 'Méndez te quiere pedirte algo'. Me pidió unos días más; dijo que no estaban en condiciones. Y, la verdad, yo tampoco estaba en condiciones. Así que les dimos más días", relató Recalde.
Derecho "no absoluto". El abogado de la CGT rebatió los cuestionamientos de empresarios, que rechazaron el proyecto por vulnerar su derecho de propiedad y permitir un avance sindical con una cogestión de las corporaciones, según sus argumentos. "El derecho de la propiedad no es un derecho absoluto", afirmó, y basó sus argumentos en la defensa de un derecho constitucional, en práctica "en 80 países", entre ellos, Venezuela y Ecuador, "pre Chávez y pre Correa", insistió.
Además, destacó otro reclamo de los hombres de negocios: "Esto no es ninguna ley, es un proyecto. Por lo tanto, todas las manifestaciones desde el empresariado que decían que era algo inconsulto fueron erróneas. No hay ningún convenio de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] por el cual deba consultarse un proyecto. Lo que hay, en cambio, es una recomendación a gobiernos de consultar a empresarios y trabajadores, porque el ejecutivo dicta un decreto o resolución".
Recalde se refirió al desfile de técnicos y entidades que agrupan a pymes en el debate de comisión, aunque nada dijo sobre la preocupación de muchas de ellas por quedar al margen de la idea. Y consideró, además, que su iniciativa "es perfectible, sujeta a discusión y consensos". Lo negociable, sin embargo, "está en los procedimientos o la mecánica" de aplicación de la participación de los empleados en las ganancias, y "no en los objetivos".
El abogado cercano a Moyano habló de "una nueva etapa" en las negociaciones colectivas durante la era K, y volvió a enumerar entre los puntos fuertes de su proyecto el "incentivo al blanqueo de trabajadores" y "la motivación a la reinversión", ya que el 50% de lo reinvertido no se toma en cuenta en las ganancias que se participan.




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