La Justicia Federal realizó en los últimos días 13 allanamientos en distintos puntos de la zona de Batán, en inmediaciones al Paraje San Francisco, el barrio Colina Alegre y el Complejo Penitenciario, en los que se tomaron muestras de agua, cultivos y suelo, a fin de establecer si existe daño ambiental y para la salud pública, a causa de fumigaciones con agroquímicos por parte de los productores agropecuarios.

“Estamos frente a un fenómeno del que aún hoy no se conocen las verdaderas dimensiones, sin perjuicio de que las imputaciones puedan luego dirigirse contra diversos productores o personas jurídicas que operen en la zona”, sostuvo la fiscal Laura Mazzaferri.

En septiembre, la funcionaria judicial, además de dictaminar en favor de la competencia federal para investigar el presunto ilícito, había sugerido la acumulación de dos causas que tramitaban en la Justicia Federal -con intervención del juez federal Santiago Inchausti- dado que ambas tenían un mismo objeto y estaban enfocadas a una misma zona geográfica.

Por un lado, se busca determinar sí entre los días 3 y 28 de octubre de 2011 y hasta la actualidad, se habrían efectuado aplicaciones terrestres con agroquímicos que podrían haber afectado en su salud a los niños, jóvenes y adultos del Jardín de Infantes 932, la Escuela Primaria 51 y la Escuela Secundaria 39, como así también, al medio ambiente. A su vez, de acuerdo a la segunda causa acumulada, se busca establecer si en el campo lindero a las viviendas edificadas en el barrio Colina Alegre, situado en el kilómetro 9,5 de la Ruta N°88, en las inmediaciones del Paraje San Francisco, se están llevando a cabo fumigaciones con productos agroquímicos por parte del productores o terceras personas.

De acuerdo al dictamen fiscal, las conductas investigadas encuadrarían prima facie, en el marco del artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos y en el artículo 200 del Código Penal, que reprime con prisión de tres a diez años, y multa de 10 mil a 200 mil pesos a quien “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”.

En este marco, se dispuso la realización de estudios de contaminación en las instituciones educativas del Paraje San Francisco y en el barrio Colina Alegre, las cuales arrojaron como resultado que el agua allí distribuida no es apta para consumo humano. Ante ello, la fiscal Mazzaferri señaló que “puede suceder que el daño ambiental se haya extendido, abarcando toda la zona, en atención a que allí se ubican numerosos terrenos destinados a la producción agrícola para la que se utiliza la aplicación de agroquímicos, herbicidas, productos fitosanitarios, fungicidas, etc. que en muchas ocasiones poseen como componente activo al glifosato o sales derivadas del mismo como glufosinato de amonio, endosulfan, 2-4D, entre otros, los que penetran en los suelos, contaminado aguas superficiales y en el peor de los casos las subterráneas”.

Por otra parte, la representante del Ministerio Publico entendió que debía ampliarse el objeto procesal dado que entre las escuelas afectadas y el barrio Colina Alegre se encuentra el complejo penitenciario de Batán -que abarca la Unidad Penal 15, la Unidad Penal 50 y la alcaidía 44- y por otra parte el complejo cerrado destinado como dispositivo de encierro para jóvenes de entre 16 y 18 años, sometidos al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, según ley provincial 13.634. En tal sentido consideró que “debe investigarse si las afectaciones al ambiente -en principio en el componente agua- se extiende a los establecimientos referidos, toda vez que por la concentración de personas que se encuentran alojadas, la contaminación del agua implicaría un impacto de riesgo sanitario de importantes dimensiones”,

Por otro lado, requirió que se cite a prestar declaración testimonial a los profesionales médicos que integran el Programa de Salud y Agroquímicos de la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredón, con la finalidad de que relaten las actividades realizadas, y los posibles relevamientos y estudios sobre la población de Mar del Plata y Batán.

La causa, que cuenta con parte querellante en representación de los vecinos afectados, continúa en investigación y se aguarda, por lo pronto, los resultados de los análisis de las muestras tomadas en los allanamientos, que están a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.