Fuentes judiciales indicaron esta mañana que el magistrado Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral de la causa con cinco procesados por los crímenes cometidos en la Superintendencia de Seguridad Federal, también conocida como "Coordinación Federal", por unos sesenta casos de secuestros y torturas durante 1976 y 1977.

En una resolución de casi 300 carillas, el juez consideró clausurada la instrucción de la causa en la que están imputados los represores Juan Carlos Lapuyole, Carlos Enrique Gallone, Antonio Doval, Eduardo Norberto Comesaña y Guglielminetti, a quienes responsabilizó por cuatro homicidios.

Las fuentes indicaron que Rafecas encontró a los imputados responsables de los crímenes de Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar, perpetrados el 18 de marzo de 1976 en la finca de la calle Lavardén al 300 de esta ciudad.

"Las autoridades militares intentaron hacer aparecer estos hechos como un `enfrentamiento armado´, aunque la investigación realizada permitió establecer que las cuatro víctimas hacía tiempo que habían sido secuestradas y se encontraban ilegalmente detenidas en diferentes centros clandestinos que funcionaban en dependencias de la Policía Federal", indicaron los voceros.

Rafecas tuvo por probado que en el edificio de la calle Moreno 1417 de esta ciudad, a metros del Departamento Central de Policía, "funcionó un centro clandestino de detención y tortura conocido por las víctimas como `Coordinación Federal`, nombre que identificaba a la dependencia desde los años sesenta cuando se convirtió en uno de ejes de la represión política en la Ciudad de Buenos Aires".

En principio, el juicio oral debería ser llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, por haber intervenido en un tramo anterior de estos sucesos (conocido como "la masacre de Fátima"), pero al estar llevando adelante el juicio por la causa ESMA, será la Cámara de Casación Penal la que establecerá, en los próximos días, quién habrá de encargarse de este debate oral.

La medida se tomó en la "megacausa" en la que Rafecas investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y que fue reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.