El debate por el sistema jubilatorio en la provincia hoy tendrá un capítulo crucial. Sus protagonistas centrales se reunirán tras meses de manifestarse en las antípodas de lo que cada uno piensa referente al tema. A las 18 la interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), Estela Regidor, y la titular del Centro de Jubilados y Pensionados, María de las Mercedes Zambrano, se reunirán para hablar de la cuestión.

La política previsional no se circunscribe al presente gobierno, se remonta a décadas atrás pero su impacto siempre hace blanco en un sector ultrasensible de la sociedad, como ser el de los mayores.

De hecho, la polémica entre las partes mencionadas se da hace meses por la aplicación del 82% móvil a los salarios de abuelos jubilados y pensionados. Si bien el gobierno radical de Ricardo Colombi asegura que el cálculo es aplicado a los haberes jubilatorios en la actualidad, es una verdad teñida de grises.

En parte es cierto, pero lo que se plantea no es la aplicación a los aumentos y mejoras dadas actualmente al sector, sino la aplicación del 82% móvil a los salarios desde que el jubilado accede al beneficio tras haber aportado al Estado provincial como mínimo treinta años. Y además el caso de los que fueron despojados de dicho ítem hace al menos once años.

“La discusión de fondo es ver cómo se financia la caja previsional o el IPS”, dijo Solís de Zambrano a época. La titular del Centro de Jubilados provinciales destacó la convocatoria hecha desde el ente autárquico y ante la consulta de este medio delineó a su entender cuál es el núcleo a debatir.

“Acá lo que debemos hacer es salir de un planteo antagónico que es si se aplican los mejores diez años de un trabajador o los mejores últimos diez años”, subrayó. Para la abogada es primordial avanzar con leyes sobre el financiamiento de la caja y en base a eso determinar una nueva política previsional.

Aunque quizás el encuentro de hoy no tenga el tenor tan formal y de confianza para abordar los tópicos mencionados por Zambrano, la reunión es una clara señal del gobierno que está dispuesto a escuchar a la representante del sector. Por su parte, la letrada y presidente del Centro de Jubilados también explicó que en el debate “no deben estar ausentes los legisladores” de la provincia. (Ver recuadro inferior).

Números pasivos

Con el último incremento, dado por la administración provincial el pasado mes, los haberes jubilatorios alcanzaron el mínimo de $1.530. El dato es la diferencia -el doble-, con el mismo beneficio pero de pasivos comunales, trabajadores que aportaron al IPS pero desde municipios, que perciben un mínimo de $700 y que también reclaman mejoras salariales.

Entre juicios perdidos y legisladores

A comienzos del mes pasado una luz de alerta se encendió para los funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se emitieron sendos fallos a favor de jubilados y pensionados que durante años no cobraron sus haberes con el cálculo del 82% móvil. El plus fue que los litigios eran en lo Contencioso Administrativo, lo que significa que tenían retroactividad. El beneficiario debía cobrar todo lo que no recibió en décadas. El temor a una andanada de medidas similares apresuró el abordaje del tema por parte del Gobierno provincial. Incluso, el propio titular de la Corte provincial, Carlos Rubín, se pronunció a favor de los demandantes.

Lo otro tiene que ver con el protagonismo de los legisladores que el año pasado sepultaron un proyecto de Ley que primero fue sancionado unánimemente en el Senado y pasado archivo en Diputados. Establecía los mejores diez años de toda la carrera de un trabajador público como parámetro para el beneficio jubilatorio. Lo curioso fue que a nivel nacional ocurrió algo parecido, el Congreso aprobó una norma de 82% móvil y el Ejecutivo lo vetó bajo la explicación que de aplicarlo desfinanciaría la caja previsional.

Un empedrado camino

Los choques entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Centro de Jubilados y Pensionados provinciales fueron casi una constante. Por eso cobra relevancia la reunión de esta tarde entre sus representantes antagónicamente separadas en las concepciones de la política previsional de Corrientes.

De hecho el verano que entra en su etapa final fue un cúmulo de cruces entre ambos sectores. La decisión de pagar deudas consolidadas -pasivos de hace más de diez años- por el IPS con bonos generó un fuerte rechazo de la entidad que representa a los pasivos. Puntualmente en las formas que aplicó la medida el organismo provincial sin una fluida información a los beneficiarios, algo que en su momento hasta fue denunciado, por el Centro de Jubilados, como “impulsivo” el ofrecimiento de títulos públicos para cobrar las antiguas acreencias.

A pesar de estos antecedentes es alentador que tanto Estela Regidor, interventora del organismo provincia, y Mercedes Solís de Zambrano se reúnan para consensuar posturas. O al menos un intento por lograr una salida al entramado tema previsional correntino.